Vivimos tiempos en los que la realidad parece avanzar más rápido que nuestra capacidad para comprenderla. La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) es un buen ejemplo de ese vértigo: nos asombra, nos inquieta, nos llena de preguntas, pero al mismo tiempo transforma silenciosamente nuestra vida cotidiana, resolviendo problemas que hasta hace poco parecían imposibles.
La IA ya está entre nosotros. No es un borrador del futuro: es presente. Está en los sistemas de salud que detectan enfermedades con mayor precisión; en los procesos administrativos que agilizan trámites que antes demoraban semanas; en las pequeñas y medianas empresas que incorporan herramientas digitales para ser más competitivas; en la educación, cuando permite personalizar aprendizajes; y en la vida diaria de cualquier ciudadano que usa su celular para organizar su día, orientarse en la ciudad o incluso monitorear su bienestar.
Y sin embargo, ante este avance innegable, todavía predominan discursos que buscan instalar miedo o sospecha. Aparece una suerte de tentación histórica: la de levantar una nueva Inquisición Tecnológica, una maquinaria de prohibiciones y alarmas que pretende frenar innovaciones en nombre de una supuesta defensa del orden o de la tradición.
Nada de eso sirve. Y, sobre todo, nada de eso funciona.
La tecnología nunca se detuvo por decreto. La historia lo demuestra una y otra vez: frente a cada salto innovador —la imprenta, la electricidad, Internet— surgieron voces que pedían prohibiciones. Fue la sociedad la que terminó encontrando su forma de apropiarse de esas novedades y convertirlas en oportunidades.
Mientras tanto, en las reflexiones acerca del mundo que nos depara este siglo XXI, nos preguntamos si es bueno legislar el miedo. El miedo a lo desconocido, a la incertidumbre del alcance tecnológico; y surge entonces otra cuestión: nos preguntarnos si es necesario regular para promover o para prohibir. ¿Qué es lo que necesitamos realmente regular?
Lo que sí funciona, lo que sí nos corresponde como responsables de diseñar políticas públicas, es construir regulaciones sensatas, protocolos claros, marcos de uso que garanticen derechos y que eviten abusos. No se trata de clausurar tecnologías, sino de guiarlas para que multipliquen beneficios y minimicen riesgos.
Suecia es un ejemplo interesante: ante el impacto de los dispositivos móviles en los aprendizajes, en lugar de demonizar la tecnología o prohibirla por completo, estableció regulaciones concretas para su uso en establecimientos educativos. No se negó la existencia del problema: se diseñó una política pública inteligente para encauzar ese desafío.
Eso es lo que debemos hacer con la Inteligencia Artificial.
Porque la pregunta no debería ser si queremos o no IA en nuestras vidas. La pregunta es cómo queremos que se use, con qué reglas, con qué límites, con qué resguardos éticos, con qué sentido de justicia y de equidad.
La IA ofrece una oportunidad única para reducir desigualdades, para ampliar derechos, para mejorar políticas públicas, para democratizar el acceso al conocimiento. Pero nada de eso será posible si la abordamos desde el temor o desde el reflejo inquisidor de prohibir todo aquello que no entendemos del todo.
La responsabilidad política, hoy, es mayor que nunca: debemos anticipar, discutir, regular, formar, educar. Debemos estar a la altura de un cambio histórico que recién comienza.
La Inteligencia Artificial no es un enemigo. Es una herramienta poderosa que, usada con inteligencia democrática, puede mejorar la vida de millones. El desafío no es apagarla: es aprender a conducirla.
Y ese desafío empieza ahora.
