El Ministerio del Interior ha informado de que 1.893 personas ingresaron durante el año 2024 en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), unas instalaciones que defiende por configurar «una herramienta necesaria para hacer efectiva la política migratoria de la Unión Europea y, más concretamente, en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración irregular».
La información la ha ofrecido el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Sumar criticaba la existencia de los CIE al entender que no es «coherente con la defensa de los derechos humanos privar de libertad a personas por razones exclusivamente administrativas».
Pero la respuesta oficial a Sumar, un partido que forma parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, es que la normativa europea –y en consecuencia la española– conciben estos centros como «instituciones de carácter no penitenciario, que sirven para aplicar, en la forma menos gravosa posible, la medida cautelar de internamiento cuyo fin es el de asegurar la ejecución de las decisiones de expulsión».
Esto es así cuando el cumplimiento no se lleva a cabo de forma voluntaria por el ciudadano extranjero, o cuando, por razones de orden público, seguridad pública o seguridad nacional, se imponga ejecutar de forma coercitiva la expulsión, según detalla el Ejecutivo.
LA POLICÍA SIEMPRE VELA POR LOS DETENIDOS
La respuesta se centra en lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior para advertir que la Policía Nacional realiza «todos los trámites de extranjería conforme a las prescripciones legales establecidas por la normativa nacional y comunitaria, así como los tratados internacionales ratificados por el Reino de España y bajo la directa observación del Mecanismo Nacional de Prevención y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes».
En este sentido, señala que la Policía Nacional «siempre vela por los derechos de las personas detenidas, custodiadas o identificadas en el marco de la práctica policial, así como de las víctimas de delitos y otras personas relacionadas con la actividad policial».
Por tanto, concluye el Gobierno, «la Policía Nacional siempre respeta, en el ámbito de sus competencias y actividad, los derechos humanos de todas las personas, se trate o no de personas extranjeras en situación irregular».
