El Ministerio del Interior ha defendido el procedimiento «estricto y reglado» por el que anualmente son expulsados más de 3.000 extranjeros, aunque reconoce que existen problemas «ajenos» a este departamento como, por ejemplo, «las dificultades que ocasionalmente se puedan dar para la localización del extranjero y la ejecución de su expulsión, en aquellos casos en los que no se ha autorizado su internamiento en CIE».
También apunta entre esas dificultades a la «negativa de las autoridades del país de origen en aceptar a su súbdito» o la «dificultad en documentar al ciudadano para ser aceptado por las autoridades de su país de origen»; así como dilataciones en el procedimiento como los recursos judiciales o la «falta de autorización judicial en aquellos casos en los que el extranjero cuenta con causas penales pendientes» o el «imperativo legal» de suspensión de dicha expulsión en caso de solicitudes de protección internacional.
El Ministerio del Interior detalla en una respuesta parlamentaria a UPN, a la que ha tenido acceso Europa Press, que en 2024 se ejecutaron 3.031 expulsiones de extranjeros por razones que engloban motivos de seguridad nacional o la aplicación de la ley de extranjería por una situación administrativa irregular en un país de la Unión Europea.
CIERRE DE FRONTERAS POR EL COVID
La cifra de 2024 es similar a los 3.091 expulsiones tramitadas en 2023. Según el detalle de la serie histórica ofrecido por Interior desde 2018, el descenso más notable fue en 2020, en plena pandemia de covid-19, cuando fueron expulsados 1.834 extranjeros (un 65% menos que en 2024). Interior explica que hubo «cierre de fronteras» que afectaron a muchos de los retornos a los países de origen.
El número de expulsiones se fue recuperando progresivamente en los años siguientes: en 2021 se ejecutaron 2.025 y en 2022 fueron 2.627, hasta superar los 3.000 expedientes tanto en 2023 como en 2024.
Con todo, los años con mayores expulsiones fueron 2018 (4.181) y 2019 (4.677), lo que refleja que Interior no ha conseguido aún recuperar las cifras pre-pandemia. En total, han sido expulsados 21.466 extranjeros en siete años, es decir, desde que gobierna Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior.
TRÁMITES «ESTRICTOS» DE LA POLICÍA NACIONAL
Interior se remite a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional por su «constante actividad» para ir resolviendo las expulsiones, recordando que «en la mayoría de los casos» –no especifica cifra– se adoptan medidas cautelares como el internamiento, retirada de pasaporte o exigir presentaciones periódicas ante las autoridades dirigidas a facilitar su localización.
En concreto, señala a «procedimientos estrictos y reglados» según el artículo 64.4 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como el artículo 245 del Real Decreto 1155/2024, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica mencionada y la Instrucción 4/2023 de la Comisaría de Extranjería y Fronteras.
Interior también argumenta problemas derivados de dar a conocer la nacionalidad de la persona expulsada. «Dadas las circunstancias que rodean los procedimientos, principalmente de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, el conocimiento de la nacionalidad podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen», indica.
Asimismo, explica que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, por lo que las dificultades derivadas de su identificación «podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida».
Finalmente, Interior indica en la respuesta parlamentaria que las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional, «por lo que no hay comunidades autónomas donde no se tramiten órdenes de expulsión».
