En medio de las inundaciones que afectan el centro oeste de la provincia de Buenos Aires desde principios de año, en lo que va de 2025 la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que otorgó “beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos que sufrieron graves inundaciones y registraron altos niveles de afectación en su capacidad productiva”.
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Según expresaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), al menos unos cinco millones de hectáreas en territorio provincial se encuentran con anegamientos o directamente inundadas. La situación se complicó con la seguidilla de las últimas lluvias que dejaron importantes acumulados.
ARBA dio a conocer hoy que hasta el momento los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Ante una consulta de LA NACION, fuentes del gobierno provincial indicaron que, hasta el momento, poco más de 2000 partidas solicitaron la exención. Se trata de un número bajo y por ello es importante que los productores que se consideren afectados realicen el trámite.
ARBA señaló que los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia. “La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba), integrada por representantes del Estado provincial —en la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario— y de entidades rurales, analiza la documentación presentada por las y los productores, y aprueba las declaraciones de emergencia o desastre correspondientes. Una vez formalizado el trámite por parte de la Cedaba, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural”, indicaron.
En el organismo explicaron que los productores tienen que gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, “presentando la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria”.
“Quienes se encuentren en zonas declaradas en emergencia deben acreditar al menos un 50% de afectación en su capacidad de producción, mientras que para los casos de desastre el porcentaje mínimo asciende al 80%”, precisaron. Reiteraron que durante el período de vigencia del beneficio “se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia”.
Para el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”.

“Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”, dijo el funcionario.
Detalló que “la declaración de emergencia o desastre puede ser individual —en campos específicos— o a nivel distrital. En todos los casos, la provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.