Cuando pasaron pocos días desde que el gobierno nacional oficializó la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que ahora pasará a ser un ente desconcentrado, sin autarquía, legisladores de la Coalición Cívica (ARI), a través de un proyecto de resolución, solicitaron “declarar inválido el decreto” por considerarlo “inconstitucional” y violatorio de la Ley 25.641, que garantiza la autarquía del organismo. Lo mismo un diputado de Unión por la Patria, quien se sumó a la postura.
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Según los legisladores, el INTA, creado por decreto-ley en 1956 y reafirmado por ley en 2002, tiene como misión impulsar la investigación, la extensión agropecuaria y el desarrollo tecnológico en el medio rural. Afirmaron que el Decreto N° 462/2025 del Poder Ejecutivo es “un claro exceso de las bases de la delegación legislativa”.
El decreto, publicado el martes pasado, modifica su estructura radicalmente, disuelve su Consejo Directivo, que lo convierte en un Consejo Técnico, y establece que el instituto será conducido por un funcionario con rango de secretario designado directamente por el Ejecutivo. La invalidez del decreto, dijeron, se da por falta de adecuación a los requisitos para su dictado de conformidad con los artículos 76 y 99 inciso 3° de la Constitución Nacional.
Los diputados Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, quienes firman el documento, señalaron que esta decisión constituye en los hechos una intervención encubierta y vulnera las disposiciones de la Ley Bases recientemente aprobada, que expresamente excluye al INTA de cualquier tipo de disolución o intervención.
“La citada Ley Bases expresamente dispuso una protección especial a favor de ciertos organismos, prohibiendo tanto su disolución como su intervención. Así, el artículo 6° establece que: ‘Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)’“, señala parte del escrito.
Señalaron que “en lo formal el Poder Ejecutivo no dispuso una intervención del INTA, pero en la práctica, la eliminación de su Consejo Directivo (integrado en forma plural) y otorgando la facultad de decisión a un Secretario dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo Nacional es equiparable a una intervención». No obstante, indicaron que el Congreso previó la imposibilidad de intervención de dichos organismos con la finalidad precisamente de evitar su disolución o centralización.
Para los legisladores, una intervención implica la remoción de las autoridades del organismo y la designación, en su lugar, de un funcionario del Poder Ejecutivo para ejercer la administración y dirección. “En consecuencia, la designación de un único funcionario a cargo del Instituto es equiparable a una intervención, violando las bases de la delegación dispuesta por este Congreso así como sus prohibiciones”, afirmaron.
Destacaron que el Poder Ejecutivo también se excedió de las bases de la delegación al derogar el artículo 1 de la Ley N° 25.641, ley especial que otorgó autarquía al INTA. Además, observaron que al haberse excedido de las bases de la delegación, correspondería analizar si se encuentran dadas las circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la formación y sanción de leyes. “Resulta claro que no existe necesidad ni urgencia para la transformación dispuesta sobre el INTA, debiendo haberse sometido tal decisión a este Congreso de la Nación”, dijeron.
Por otra parte, el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, también impulsó un proyecto de ley para derogar los decretos N°458/25, 459/25, 460/25, 461/25, N°462/25, y N°463/25. Según señaló, “desde la entrada en vigencia de la Ley Bases, el 9 de julio de 2024, el gobierno libertario le puso el cartel “se vende” (otra opción: “Liquidación total”) a nuestro país. Para cumplir ese objetivo lo fue desmembrando por partes, modificando organismos, desfinanciándolos, despidiendo personal, vendiendo sus propiedades y reduciéndolos a su mínima expresión».
Indicó que, “en cuanto al desguace del INTA, y del INTI, es imposible no mencionar cuando el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, en una entrevista dijo que no sabían bien qué hacían, y claro, el ministro de las privatizaciones no se interesa por organismos que le agregan valor ni controlan los productos que consumimos. No se interesa por la ciencia en la Argentina, ni porque la producción rinda más y sea mejor».
