El sistema de trasplante de órganos en Estados Unidos afronta cuestionamientos sin precedentes tras una investigación federal que evidenció prácticas irregulares, entre ellas, el intento de extracción de órganos mientras los donantes permanecían con signos vitales o en proceso de mejoría.
El reporte, difundido el 20 de julio por The New York Times, se nutre de datos oficiales y múltiples testimonios de familiares. Los afectados aseguran que médicos y organizaciones de obtención de órganos iniciaron procedimientos de extracción pese a que los donantes no habían fallecido o presentaban signos de recuperación.
El documento describe “toma de decisiones apresurada” y una presión marcada por el creciente número de pacientes en lista de espera, situación que coloca la demanda por órganos por encima de la seguridad de los donantes.
Extracciones prematuras y prácticas cuestionadas
La investigación de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) detalló que, solo en Kentucky, más de 70 extracciones programadas se abortaron cuando los pacientes mostraron mejoría, lo que evidencia un fallo sistemático en los protocolos de evaluación de muerte.
Una de las prácticas señaladas es la donación después de muerte circulatoria: los órganos se extraen poco después de suspender el soporte vital, aunque el paciente no ha sido declarado en “muerte cerebral”.
Según el informe, 55 trabajadores médicos de 19 estados reportaron haber presenciado “al menos un caso perturbador de donación después de una muerte circulatoria”, y algunos revelaron la administración de medicamentos para acelerar el fallecimiento.
Las conclusiones preliminares recolectadas por HRSA en 351 casos de donaciones autorizadas pero no completadas arrojan un dato preocupante: en 103 de ellos, un 29%, se detectaron “características incompatibles” con la donación de órganos, al encontrarse signos neurológicos que no permitían confirmar la muerte del donante. La agencia también determinó que, en al menos 28 situaciones investigadas, los pacientes no habían fallecido al momento de intentar la obtención de órganos.
El informe remarca deficiencias en las evaluaciones neurológicas, falta de coordinación entre equipos médicos, irregularidades en el consentimiento de las familias y clasificación incorrecta de la causa de muerte, en especial en casos de personas con sobredosis.
Reacciones de autoridades y llamado a la reforma
En respuesta a la magnitud de las revelaciones, Kennedy Jr. calificó los hechos de “horrorosos” y anunció acciones inmediatas. El Secretario del HHS sostuvo que “las organizaciones de obtención de órganos que coordinan el acceso a los trasplantes deberán rendir cuentas. Es necesario reformar todo el sistema para garantizar que la vida de cada potencial donante reciba el trato sagrado que merece”.
Sobre la anterior gestión, el funcionario indicó que la junta de la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos (OPTN) no detectó irregularidades significativas en sus revisiones, en contraste con los hallazgos actuales de HRSA, lo que obliga a introducir nuevas formas de supervisión y control.
Por su parte, la Dra. Maureen McBride, directora ejecutiva de la Red Unida para el Intercambio de Órganos (UNOS), responsabilizó a la estructura de supervisión existente: “esto está muy por debajo del estándar que exige el sistema estadounidense de donación y trasplante de órganos —el estándar de oro mundial— y no se puede tolerar”.
McBride insistió en la necesidad de una supervisión más unificada para garantizar la rendición de cuentas. Reiteró que “el gobierno federal sigue siendo en última instancia responsable de la supervisión del sistema”.
UNOS anticipó que presentará propuestas de reforma ante el Congreso en los próximos días, buscando fortalecer los controles y la transparencia: “esperamos compartir nuestras propuestas de reforma con el Congreso esta semana y lograr avances significativos en colaboración con el gobierno federal para fortalecer el sistema”, afirmó McBride.
Más de 103.000 personas integran actualmente la lista nacional de espera para recibir un órgano según datos de HRSA. Las estadísticas revelan que, cada día, 13 personas mueren mientras esperan una donación compatible.
El diagnóstico de la investigación federal sostiene que el sistema se ha visto tensionado por la presión de responder a esta demanda, lo que ha propiciado decisiones precipitadas y vacíos en la protección de los derechos de los donantes.
Las organizaciones de obtención de órganos estarán ahora obligadas a acatar “acciones correctivas estrictas” y realizar cambios profundos para proteger a los posibles donantes y mejorar integralmente la seguridad y la ética del proceso.
