Málaga, 20 ene (EFE).- Ocho personas, entre las que se encuentran gerentes de sociedades y técnicos facultativos, y tres empresas son investigadas por la Guardia Civil por las emisiones de polvo procedentes de explotaciones mineras a cielo abierto en la localidad malagueña de Coín.
A los implicados se les investiga por los supuestos delitos contra los recursos materiales y medio ambiente y por el delito de usurpación de aguas, ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación se inició hace varios meses por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga a consecuencia de la denuncia presentada por una plataforma vecinal por supuestas irregularidades medioambientales cometidas por varias explotaciones mineras existentes en la zona de Coín desde hace años.
Dichas canteras estaban presuntamente emitiendo de forma reiterada numeroso polvo en suspensión a la atmósfera, así como vertidos de aguas con restos de partículas de polvo al cauce público.
Tras las primeras investigaciones y la inspección de las instalaciones, los agentes apreciaron que, durante el funcionamiento de las mismas, grandes cantidades de polvo en suspensión salían al exterior de las canteras, y se constató la carencia de determinadas medidas correctoras y que las existentes no eran eficaces, por lo que resultaba afectado todo el entorno.
Según los testimonios de los vecinos, la situación en la zona en los últimos años se había vuelto insostenible, a pesar de las numerosas denuncias y quejas existentes ante diferentes administraciones, debido a la afectación a las viviendas del entorno, al causar molestias y problemas respiratorios a los vecinos.
Los agentes constataron cómo el depósito de ese polvo, así como las aguas de riego de algunas de esas explotaciones mineras, acababan en el fondo del río Pereila, lo que podía crear un sedimento que afectaría a la flora y fauna de la zona, que está catalogada como espacio protegido.
Asimismo, existen numerosos cultivos de subtropicales en la zona cuyos frutos presentaban una capa de polvo o cal que no desaparecía incluso después de llevar a cabo labores de lavado y calibrado.
Ello suponía un perjuicio económico para los agricultores al no poder vender sus productos como “fruta fresca”, sino como fruta para procesados, con la consecuente depreciación en su precio de venta.
También se constató que dos de las explotaciones mineras extraían agua para el uso industrial de manera irregular de pozos que se ubican en el interior de sus instalaciones. EFE
