La reciente ponencia del presupuesto nacional para 2026 ha generado inquietud en el ámbito institucional tras la advertencia de Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Marín señaló que, de aprobarse la propuesta actualmente radicada, la Defensoría del Pueblo experimentaría una reducción del 47,3% en su presupuesto de inversión frente a 2024, situación que considera incompatible con el cumplimiento de las funciones constitucionales de la entidad.
La defensora subrayó que el texto depositado para discusión en el Congreso implica una nueva disminución en los recursos asignados a la entidad.
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A través de su cuenta oficial en la red social X, Iris Marín expresó que “se radicó la ponencia de presupuesto para el año 2026. La ponencia recorta aún más el presupuesto de Defensoría para el próximo año”. Sobre este aspecto, Marín planteó dudas sobre la prioridad asignada a la labor de la entidad, preguntando: “¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”.
En su pronunciamiento, Marín advirtió que, de ratificarse este esquema presupuestal, la Defensoría contaría el próximo año con casi la mitad menos de recursos para inversión en comparación con 2024. Según la funcionaria, este panorama tendría consecuencias directas en la posibilidad de atender el mandato institucional de defensa de los derechos fundamentales y la presencia activa en distintas regiones de Colombia.
“Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”, puntualizó la defensora pública en varios apartes de su comunicación.
Un proceso legislativo con particularidades
Más allá de la preocupación presupuestal, el trámite legislativo del proyecto presentó situaciones no habituales. Solo tres de los once senadores habilitados para firmar la ponencia lo hicieron: John Jairo Roldán, Claudia Pérez (ambos del Partido Liberal) y Aída Avella (Pacto Histórico).
El documento, firmado por integrantes de las comisiones económicas, establece un monto total de 546,9 billones de pesos y será sometido a debate en las plenarias del Congreso desde el miércoles 15 de octubre.
El resto de los senadores, llamados a rubricar la ponencia, no lo hizo, lo que generó cuestionamientos acerca del consenso político en torno al diseño y distribución de los recursos para el año siguiente. Este contexto se produce mientras persiste la discusión sobre la viabilidad de la reforma tributaria 3.0 presentada por el Ejecutivo, que busca adicionar 26,3 billones de pesos al presupuesto mediante nuevos gravámenes y la eliminación de exenciones.
Condicionamientos y estructura del gasto
El análisis presentado en el Congreso señala que el monto total propuesto corresponde al 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total aprobado en primer debate, el 19% del PIB será destinado a gastos de funcionamiento, el 5,3% a servicio de la deuda pública y el 4,6% a inversión.
La obtención plena de estos recursos depende de la sanción de la reforma tributaria en proceso, considerada la propuesta de gravamen más elevada en la historia fiscal del país. Según el documento radicado, la financiación se distribuye en 16,5% del PIB en ingresos corrientes, 9,5% en recursos de capital y 1,5% proviene de contribuciones parafiscales y fondos especiales. Destaca que 15,6% corresponde a ingresos tributarios ordinarios.
Este diseño presupuestal hace que diversas entidades, como la Defensoría del Pueblo, queden a la expectativa de ajustes en la ley de financiamiento y de decisiones en la asignación definitiva de partidas, en medio del riesgo de ver afectadas sus operaciones esenciales.
Reforma tributaria y áreas impactadas
La ponencia presupuestal incorpora modificaciones significativas en materia de impuestos, con particular incidencia en sectores como el consumo, los servicios financieros y la minería. Entre las medidas planteadas se incluye el incremento de impuestos al consumo sobre el licor, los juegos de suerte y azar, y ciertos espectáculos, así como el aumento progresivo del IVA en combustibles.
También se proponen nuevas reglas para activos digitales y un mayor gravamen a personas de altos ingresos. La eliminación de beneficios fiscales y la expansión del IVA en el turismo forman parte del mismo paquete de medidas, que según el gobierno es indispensable para sostener el presupuesto, abordar el déficit fiscal existente y responder a los compromisos del Estado.
Las críticas a la propuesta giran en torno a la posible afectación a órganos autónomos. La Defensoría del Pueblo se situaría entre las entidades más afectadas, dada su función de promoción y defensa de los derechos humanos. En opinión de Iris Marín, la decisión que el Congreso se dispone a adoptar genera interrogantes sobre la prioridad institucional conferida a los derechos fundamentales en el diseño presupuestal de 2026.
Perspectivas para la Defensoría del Pueblo y siguiente etapa del trámite
El debate continuará en las plenarias del Congreso, donde se espera que se definan tanto los montos definitivos como la viabilidad de los recursos extraordinarios sujetos a la ley de financiamiento. Según la funcionaria, el futuro de la Defensoría del Pueblo, y de otras entidades con funciones constitucionales, dependerá de los ajustes que se realicen en la discusión legislativa y de la disposición política para garantizar el ejercicio de sus competencias esenciales el próximo año.
