En el transcurso de este año, las autoridades israelíes han ejecutado cerca de 370 demoliciones y destrucciones en la gobernación de Jerusalén Este, según datos expuestos por la oficina del gobernador palestino de Jerusalén. Este dato se inscribe en un contexto marcado por el derribo este lunes de un edificio residencial de cuatro plantas en Silwan, un barrio al sur de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este, con el argumento de haber sido construido sin permisos oficiales. El hecho desencadenó el desplazamiento de aproximadamente cien personas, incluidas numerosas mujeres y niños, y provocó fuertes reacciones por parte de la Autoridad Palestina y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), quienes acusan a Israel de incurrir en crímenes de guerra y en desplazamientos forzados de la población palestina.
Según informó el medio Europa Press, la oficina del gobernador palestino de Jerusalén condenó enérgicamente la demolición y calificó el acto como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. El comunicado de la oficina, divulgado a través de la red social Facebook, asegura que la demolición forma parte de una política sistemática dirigida a desplazar por la fuerza a los ciudadanos palestinos y a vaciar Jerusalén de sus habitantes originarios. El texto afirma que estas acciones están integradas en un plan de judaización y colonización, cuyo objetivo sería aislar la ciudad de sus entornos palestinos e imponer transformaciones demográficas de manera forzosa.
Durante su declaración, las autoridades palestinas subrayaron que Israel se ampara en el pretexto de la falta de permisos de construcción, aunque, según ellas, mantiene extensas y severas restricciones que limitan la obtención de autorizaciones para la población palestina. Agregaron que tal situación representa una violación grave del Derecho Internacional y de las Convenciones de Ginebra. Europa Press consignó que la oficina del gobernador alertó acerca del riesgo que implica que cada operación de demolición expulse a residentes, al considerar que se trata de una estrategia para reemplazar a los propietarios originales por colonos.
En la misma línea, desde la oficina del gobernador señalaron al gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, como el principal responsable de los hechos y de las consecuencias humanitarias, sociales y económicas derivadas. Al mismo tiempo, apuntaron contra el silencio y la inacción de la comunidad internacional, al sostener que las declaraciones de condena, consideradas insuficientes, equivalen a una complicidad con las autoridades israelíes. Según el comunicado recogido por Europa Press, la oficina del gobernador insistió en que la ocupación ignora las repercusiones diplomáticas y continúa desarrollando sus políticas sin que haya consecuencias tangibles en su contra.
Por otro lado, Abdulrahman Shadid, alto representante del brazo político de Hamás, publicó un comunicado en el que remarcó que la demolición de Silwan representa tanto un crimen específico como la mayor operación reciente de demolición y desplazamiento de palestinos en Jerusalén. Según el mensaje divulgado por la web del grupo y citado por Europa Press, Shadid afirmó que este suceso pone de manifiesto la existencia de planes aún más amplios por parte de Israel para Jerusalén, enmarcados en una política continuada de vaciamiento de la ciudad y de imposición de nuevas realidades demográficas. En su intervención, el portavoz de Hamás denunció que, aparte de la demolición de viviendas, se están endureciendo las restricciones y el cerco alrededor de los barrios palestinos, junto con el corte de conexiones entre los distintos sectores de Jerusalén, en una dinámica de asentamiento y apropiación de la ciudad.
Hamás detalló que la medida dejó en la calle a trece familias —alrededor de cien personas—, la mayor parte compuesta por mujeres y menores de edad. En el comunicado, que cita Europa Press, Shadid denunció que la acción constituye un ataque contra la dignidad humana y calificó la política israelí como un aumento del castigo colectivo y de la ofensiva de desplazamiento dirigida contra la población palestina, relacionada con la actual situación en la Franja de Gaza.
El vocero de Hamás afirmó que la «brutalidad» de las operaciones y los delitos cometidos por la ocupación israelí no disuadirán a los habitantes palestinos de Jerusalén, y responsabilizó directamente a la comunidad internacional, incluida Naciones Unidas y sus agencias de derechos humanos, por no contener ni frenar estas prácticas. Europa Press menciona que Shadid advirtió acerca del peligro que supone la falta de respuestas internacionales, señalando que la pasividad o las declaraciones formales resultan insuficientes ante la magnitud de los hechos.
Mientras tanto, las fuerzas israelíes justifican estas operaciones con argumentos relacionados con la construcción ilegal. Autoridades israelíes sostienen que el edificio de Silwan no contaba con los permisos reglamentarios, y en el pasado han reiterado que la aplicación de las normas de urbanismo persigue garantizar el orden administrativo. Conforme a lo publicado por Europa Press, la parte palestina argumenta que la obtención de permisos en Jerusalén Este está sometida a obstáculos administrativos y políticos que dificultan la legalización de cualquier edificación, lo que, de hecho, impide atender las necesidades de alojamiento para la población palestina y fomenta escenarios de vulnerabilidad.
Diversos organismos locales palestinos acusan a Israel de utilizar la demolición de viviendas como un medio para modificar el perfil demográfico de Jerusalén Este, en el marco de un plan de judaización del territorio ocupado tras la guerra de 1967. En la zona, gran parte de las viviendas palestinas han sido objeto de amenazas de demolición o desalojos por motivos similares, en tanto los habitantes denuncian que sus solicitudes de legalización no reciben respuesta positiva, mientras que, paralelamente, se continúa extendiendo la autorización para asentamientos israelíes en la región.
La serie de reacciones y condenas se suma a los informes de organizaciones internacionales que han alertado sobre la situación humanitaria de las familias afectadas por la pérdida de sus viviendas. Europa Press señala que las operaciones de demolición han generado críticas recurrentes, tanto a nivel local como global, y han sido puestas en discusión en instancias multilaterales y en foros de derechos humanos, aunque hasta el momento no se han traducido en medidas concretas para frenar estas acciones por parte del gobierno israelí.
