El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, firmó una orden que impedirá el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a miles de palestinos encarcelados bajo la calificación de “combatientes ilegales”, cuyos nombres se encuentran incluidos en una lista considerada “confidencial”. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, esta medida se adopta bajo el argumento de resguardar la seguridad del Estado, en un contexto donde las autoridades israelíes no han detallado la cantidad exacta ni la identidad de los presos afectados.
Tal como informó Europa Press, la prohibición de visitas del CICR se fundamenta en una ley reciente relacionada con los procedimientos sobre “combatientes ilegales”, una figura legal que el Gobierno de Israel emplea para clasificar a determinados detenidos palestinos. El ministro Katz declaró que las evaluaciones presentadas ante las autoridades demuestran que permitir el acceso de representantes del CICR a estas personas representaría un riesgo grave para la seguridad nacional. Según sus palabras difundidas por Europa Press, “las opiniones presentadas no dejan duda alguna de que las visitas de representantes del CICR a terroristas en prisiones dañaría gravemente la seguridad del Estado”, lo que motivó la firma de la orden que prohíbe estas actividades.
El Gobierno israelí sostiene que la protección de la seguridad del Estado y la seguridad de sus ciudadanos constituye su principal prioridad al implementar esta restricción. Europa Press detalló que la lista de las personas afectadas por la nueva disposición permanece en reserva por motivos de confidencialidad. Hasta el momento, las autoridades tampoco han especificado la cantidad de palestinos clasificados como “combatientes ilegales” que se verán afectados por la medida.
Según publicó Europa Press, la nueva legislación sobre “combatientes ilegales” habilita al Estado a tomar medidas adicionales contra ciertos prisioneros palestinos, entre ellas la restricción o cancelación de las visitas de organizaciones internacionales como el CICR. La interpretación de este marco legal ha generado en el pasado debates y críticas por parte de organizaciones humanitarias, aunque el Gobierno israelí argumenta que responde a la necesidad de enfrentar amenazas a la seguridad.
Esta decisión marca un cambio respecto a prácticas anteriores, ya que tradicionalmente el CICR ha contado con acceso a los detenidos palestinos en prisiones israelíes para verificar su situación y velar por el cumplimiento de garantías mínimas, conforme al derecho internacional humanitario. Europa Press explicó que el Gobierno justifica la restricción señalando que el contexto actual exige limitar cualquier potencial factor de riesgo, aunque no se han dado detalles sobre incidentes específicos que hayan motivado la decisión.
El ministerio encabezado por Katz no ha ofrecido información pública sobre la forma en que la prohibición será implementada ni si se prevén excepciones en algunos casos. Tampoco ha trascendido una respuesta oficial del CICR ante el anuncio. Europa Press consigna que esta medida podría repercutir en las condiciones de detención y en la supervisión externa de las prisiones en las que se encuentran los palestinos afectados, dificultando la labor de entidades que monitorean derechos y condiciones penitenciarias.
El ámbito de aplicación de esta restricción se limita a las personas inscritas en el listado confidencial, sin información precisa acerca de su composición. Según Europa Press, desde el Ejecutivo tampoco se han expuesto criterios claros para la inclusión de los nombres, ni los procedimientos de revisión de esa lista. La ausencia de transparencia en la elaboración de este registro ha generado inquietud entre distintos observadores y organizaciones internacionales, aunque hasta ahora la información oficial solo indica que su divulgación quedará bajo resguardo por motivos de seguridad.
De acuerdo con lo detallado por Europa Press, la medida fue anunciada formalmente el miércoles, siendo parte de una serie de resoluciones adoptadas por Israel vinculadas a la situación carcelaria y el control de organizaciones y delegaciones internacionales en su territorio. El Ministerio de Defensa recalcó la relación entre la prohibición y la reciente normativa legal, reiterando que la prioridad estatal es reducir potenciales amenazas a sus instalaciones y a la sociedad civil.
Según reportó Europa Press, el enfoque del Gobierno israelí sobre los presos identificados como “combatientes ilegales” representa un endurecimiento respecto a los mecanismos de supervisión penitenciaria externa, limitando las posibilidades de intervención y verificación neutral por parte del CICR. El medio subraya que los detalles sobre el desarrollo y aplicación de la orden permanecerán en seguimiento a medida que se conozcan reacciones de las distintas partes involucradas y las consecuencias prácticas en el acceso de organizaciones humanitarias a las cárceles del país.