El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa en el Congreso para excluir de la contratación pública a empresas que «colaboren con la ocupación» de territorios palestinos.
Así, en la iniciativa registrada el pasado viernes, ha pedido a los responsables del Ejecutivo «adoptar las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratación pública (ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades dependientes del Estado) una cláusula que excluya de la participación en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados».
Esta exclusión abarcaría también a aquellas empresas que colaboren «con actos que puedan constituir genocidio, en aplicación de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ y de la opinión consultiva del 19 de julio de 2024 que declaró ilegal la ocupación», ha precisado el portavoz.
La iniciativa coincide con la respuesta dada por una parte de la afición y público por donde pasan las etapas en contra de la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España, propiedad de Sylvan Adams, a quien IU tacha de «colaborados y amigo del Gobierno genocida de Benjamin Netanyahu».
«Este evento deportivo internacional lo organiza una empresa privada, en este caso Uniplublic, que se beneficia de múltiples contratos de administraciones públicas españolas», ha subrayado el portavoz en su escrito.
Enrique Santiago recuerda en su escrito que en julio del pasado año «la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el Derecho internacional», por lo que «ordenó la paralización de asentamientos y la evacuación de colonos, subrayando su carácter de anexión permanente, así como la vulneración de la 4ª Convención de Ginebra».
Además, IU ha señalado que «numerosas empresas españolas» han sido identificadas por su participación en actividades económicas relacionadas con «asentamientos ilegales». «Empresas de sectores como construcción, tecnología y transporte han sido incluidas en informes de organizaciones como Naciones Unidas y observatorios de Derechos Humanos», ha manifestado Santiago.
La iniciativa toma como referencia precedentes internacionales, como el caso de Irlanda, donde el Gobierno ha dictado directrices para verificar la implicación de empresas en actividades que vulneren el Derecho Internacional. Santiago ha asegurado que incluir estas cláusulas «permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España y garantizar que los recursos públicos no contribuyan a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio».
