Izquierda Unida ha reclamado «con urgencia» que la gestión de todos los centros de menores en la provincia de Huelva sea «directa» por parte de la administración pública, junto con «mejoras sustanciales» en las condiciones laborales de las plantillas, una reivindicación «que no es nueva, sino que la llevamos a pleno en el pasado mes de julio y que fue rechazada por el PP con la abstención de Vox».
Así lo ha indicado en una nota el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, tras los recientes hechos de violencia sufridos por una educadora social en un centro de protección de menores de la provincia.
«Esta brutal agresión contra una educadora social mientras trabajaba sola durante el turno de noche en un centro de protección de menores en Huelva, demuestra la necesidad de una mayor inversión en personal para hacer de estos centros espacios seguros de trabajo», ha dicho.
Según ha informado CCOO, tres menores de edad de nacionalidad española intentaron apropiarse del teléfono móvil de la educadora, que estaba bajo llave en el despacho. Uno de ellos aplicó la técnica del ‘mataleón’, dejándola inconsciente, mientras los otros dos presenciaron los hechos. La víctima pasó la noche hospitalizada y dos menores ya han sido puestos a disposición judicial.
Desde hace meses IU y CCOO vienen reclamando la gestión pública directa de los centros de menores en Huelva, ante lo que consideran «un modelo privatizado que genera precariedad laboral, deficiencias en la atención educativa, falta de personal suficiente, salarios bajos y protocolos de seguridad manifiestamente mejorables».
En julio de 2025, IU presentó una propuesta en el pleno de la Diputación provincial instando a la Junta de Andalucía a asumir directamente la gestión de estos centros, «con el fin de garantizar tanto la calidad del servicio como condiciones dignas para el personal» y que «fue rechazada por los grupos provinciales del PP y Vox».
Marcos Toti ha señalado que «la agresión sufrida este fin de semana no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema con profundas carencias estructurales: trabajadores solos, protocolos insuficientes y condiciones precarias de seguridad».
«No podemos seguir así. Exigimos que todos los centros de menores gestionados por entidades privadas pasen a ser gestionados directamente por la administración pública, con recursos y personal suficientes, salarios dignos y medidas de seguridad efectivas», ha añadido.
Toti también ha solicitado que, mientras se lleva a cabo la gestión pública, se implante un «aumento de la plantilla para que nunca haya personal solo en sus turnos, y que las coberturas de descansos y bajas estén garantizadas, además de protocolos de seguridad revisados que incluyan vigilancia, formación específica para el manejo de situaciones de riesgo, dotación física de medios de protección y comunicación rápida en emergencias».
