El gobierno de José Jerí activó nuevas disposiciones en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, incluyendo la obligación de izar la bandera nacional y entonar el himno nacional cada lunes a las ocho de la mañana en todas las entidades públicas, con la participación de la máxima autoridad de cada institución.
De acuerdo con el decreto supremo que dicta estas medidas, todos los domingos se deberá replicar el acto en las plazas principales de cada municipalidad, congregando a la ciudadanía e involucrando a representantes de las autoridades locales. El texto normativo sostiene que estas acciones buscan reforzar la identidad nacional en un contexto de emergencia. El cumplimiento será supervisado por las respectivas autoridades administrativas y municipales.
El impacto de la disposición se hizo visible en Palacio de Gobierno, donde el periodista Adrián Sarria publicó un mensaje atribuido al área administrativa que instruía a los trabajadores de la presidencia a presentarse de manera obligatoria a las 7:15 de la mañana, una hora antes del acto, para participar en la ceremonia de izamiento. La comunicación interna recordaba la obligatoriedad de la presencia y detallaba que la ausencia sería considerada una falta laboral.
La normativa enfatiza la presencia personal de las máximas autoridades tanto en los organismos públicos como en el ámbito municipal. El decreto no introduce exenciones para otras instituciones ni contempla la posposición del acto salvo por causas de fuerza mayor debidamente justificadas ante la autoridad central. Esta decisión se inscribe en la serie de medidas recientes adoptadas por el Ejecutivo tras la declaración de estado de emergencia, que apunta a fortalecer la cohesión social y la percepción de pertenencia nacional en Lima y Callao.
Otras disposiciones en marcha
El Gobierno de Perú, bajo la gestión de José Jerí, oficializó nuevas medidas en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao a través del Decreto Supremo N° 127-2025-PCM. El objetivo central consiste en fortalecer la capacidad de respuesta frente al crimen organizado mediante la introducción de una estructura de mando unificada, reforzamiento de inteligencia y control penitenciario, junto con la incorporación de tecnología satelital.
El decreto establece la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), liderado por el Comandante General de la Policía Nacional e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, el Poder Judicial, gobiernos locales y la Dirección Nacional de Inteligencia. El CCO contará con comités dedicados a la coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con el propósito de coordinar y supervisar las operaciones conjuntas en seguridad pública.
Entre las principales novedades, se dispone el uso de sistemas de vigilancia predictiva que integran imágenes satelitales, cámaras públicas, drones y algoritmos de reconocimiento facial, bajo la supervisión de la DINI. Esta plataforma permitirá monitorear zonas de alto riesgo y anticipar actividades delictivas.
En el ámbito penitenciario, se restringe el régimen de visitas, se limita el acceso a energía eléctrica en celdas y se ordena el retiro de antenas de telecomunicaciones no autorizadas. El Grupo de Operaciones Especiales asumirá el control operativo de las requisas, apoyado por drones y fuerza militar, y se establece la rotación y control estricto del personal penitenciario.
El decreto incorpora incentivos y distinciones oficiales para el personal destacado de las fuerzas integradas. Asimismo, los cadetes de último año de las escuelas policiales y militares podrán participar en tareas de apoyo para liberar efectivos en tareas de campo. Los gobiernos locales deberán interconectar sus sistemas de videovigilancia con el centro de comando nacional. La financiación de estas medidas provendrá de los presupuestos institucionales y asignaciones extraordinarias.
