Continúa la polémica en Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra hospitalizado por una cirugía intestinal, se pronunció sobre la decisión adoptada por el gobierno de Lula da Silva en beneficio de la exprimera dama Nadine Heredia. No solo expresó su rechazo al asilo político, el cual advirtió que se había desvirtuado, sino que lamentó la repercusión para la imagen del país al proteger a una condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos.
A través de su cuenta oficial en X, mencionó que incluso estando en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde todo llega tarde, se enteró de las gestiones en favor de la cofundadora del Partido Nacionalista Peruano, hecho que, según dijo, no solo “avergüenza a nuestro pueblo, sino que atenta contra la dignidad nacional”.
“Los corruptos condenados por lavado de dinero y apropiación indebida de fondos públicos comenzaron a ser recibidos como ‘perseguidos políticos’, transportados por la Fuerza Aérea Brasileña y acogidos con honores por un gobierno que desvirtúa la institución del asilo para solidarizarse con quienes roban a su propio pueblo”, escribió el exmandatario.
En ese sentido, consideró que lamentablemente, la imagen de Brasil en el exterior está siendo destrozada por quienes deberían defenderla, y que la justicia está siendo utilizada “como instrumento de venganza según los caprichos y deseos de un solo hombre”. “Esto genera incertidumbre e inestabilidad jurídica, socava la credibilidad del poder judicial y conlleva costos cada vez más altos para nuestro país. El mundo se está dando cuenta de esto y está cada vez más asustado por lo que está descubriendo”, agregó.
El contexto del asilo político y la condena de Nadine Heredia
El asilo político otorgado a Nadine Heredia se fundamenta en la legislación brasileña y en la Convención de Caracas, según explicaron las autoridades peruanas. Esta decisión se produjo luego de que el pasado 15 de abril, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Perú dictara una sentencia de 15 años de prisión efectiva tanto para Heredia como para su esposo, el ex presidente Ollanta Humala, por su implicación en un esquema de lavado de activos. La justicia peruana determinó que los fondos utilizados para financiar las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011 provenían de fuentes ilícitas, específicamente de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht.
Durante la lectura de la sentencia, Heredia no se encontraba presente en la sede judicial ubicada en el edificio Carlos Zavala, lo que llevó al tribunal a ordenar su captura inmediata. Según informó su defensa legal, la ex primera dama no asistió a la audiencia debido a problemas de salud. Sin embargo, horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó que Heredia había solicitado asilo político en Brasil tras ingresar a la embajada brasileña en Lima.
