El gobernador de Colorado, Jared Polis, lanzó una dura advertencia ante los recortes federales al programa Medicaid incluidos en el nuevo presupuesto nacional impulsado por los republicanos y firmado por Donald Trump. En un mensaje directo a la ciudadanía, expresó su preocupación por el impacto devastador que tendrán estos ajustes, en particular para las comunidades rurales del estado.

Un mensaje urgente: los efectos inmediatos del nuevo presupuesto federal

En un video difundido por redes sociales, Polis denunció que la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025, representa los recortes más profundos a Medicaid desde la creación del programa en la década de 1960. Según explicó, la ley reducirá progresivamente el financiamiento federal destinado a los estados, lo que en el caso de Colorado pone en jaque a cientos de miles de personas que dependen del sistema de salud pública.

“El sistema de salud está roto. Nosotros en Colorado hemos hecho lo posible por repararlo: redujimos el precio del seguro, limitamos el costo de la insulina, promovimos la transparencia hospitalaria. Pero ahora el gobierno federal amenaza con deshacer todo ese esfuerzo”, sostuvo el gobernador.

• Desde el momento en que la ley entró en vigencia, se prohibió el uso de fondos federales para pagar servicios brindados por proveedores de salud reproductiva como Planned Parenthood. Esto afectó a miles de personas, en su mayoría mujeres, que utilizaban esa red como su fuente primaria de atención médica.
• A partir de diciembre de 2026, se implementará una exigencia de renovación de elegibilidad cada seis meses para los beneficiarios de Medicaid. Hasta ahora, se realizaba una vez al año.
• También desde diciembre de 2026, se exigirá que los beneficiarios de Medicaid que pertenecen a la expansión del programa —unas 377 mil personas— cumplan con nuevos requisitos laborales para mantener la cobertura, lo cual podría excluir a quienes no puedan acreditar empleo, estudios o trabajos comunitarios.

El gobernador consideró que los recortes republicanos a Medicaid dejarán a sus coterráneos desamparados, al aumentar los costos y amenazar la existencia de los hospitales rurales. “No podemos quedarnos de brazos cruzados”, sostuvo en su posteo en X.

Colorado en desventaja: restricciones fiscales y límites de reacción

Colorado enfrenta un desafío adicional frente a los recortes federales, ya que sus normas constitucionales limitan severamente la capacidad del estado para compensar la caída de fondos nacionales. De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Política y Financiamiento de Atención Médica (HCPF, por sus siglas en inglés), el estado no puede subir impuestos ni endeudarse sin restricciones como lo hacen otros estados debido a dos disposiciones clave:

• La obligación constitucional de mantener un presupuesto equilibrado.
• La existencia del Taxpayer Bill of Rights (Tabor), que impone un tope al crecimiento del gasto público y dificulta cualquier aumento de impuestos.

En consecuencia, cualquier reducción en el financiamiento federal obliga a Colorado a recortar servicios o buscar alternativas extremadamente complejas para sostener el sistema de salud.

Un golpe a hospitales, médicos y pacientes: los recortes que vienen

Uno de los aspectos más críticos de la ley nacional es la reducción paulatina de los fondos federales que Colorado recibe para operar Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil (CHP+). Estos financian la atención de más de 425 mil personas, incluidas mujeres embarazadas, niños y personas con discapacidad.

A partir de octubre de 2027 comenzarán los recortes a las tasas de reembolso para hospitales:

• Por cada reducción de 0,5% en el umbral de fondos federales, Colorado perderá más de US$115 millones en tarifas cobradas a los hospitales y entre US$180 millones y US$525 millones en fondos federales complementarios, según decisiones políticas.
• Cuando el recorte llegue a un tope del 3,5% en 2032, el estado perderá más de US$550 millones anuales en ingresos hospitalarios, y entre US$900 millones y US$2500 millones en financiamiento federal.