El reciente informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha generado interpretaciones opuestas sobre el destino de los miles de interinos en el sector público en España, según se evidenció en una reciente emisión del programa La Linterna de COPE. Para el abogado Javier Arauz, representante legal de este colectivo, el pronunciamiento europeo constituye en realidad una “advertencia severa” al Estado español y no el supuesto “revés judicial” para los funcionarios que han tomado como enfoque algunos titulares.
Durante su intervención en el programa radiofónico, Arauz explicó que, lejos de respaldar la gestión estatal, el informe del abogado general del TJUE señala abiertamente que “todas las medidas que han adoptado hasta ahora para acabar con la precariedad laboral en el sector público no se ajustan al derecho de la Unión“, en palabras del propio abogado laboralista en conversación con el periodista Ángel Expósito. Según Arauz, el dictamen europeo sostiene que, debido a este incumplimiento, lo adecuado sería transformar en fijos a los interinos afectados, subrayando la limitación que imponen las leyes españolas pero apuntando hacia la primacía de la normativa comunitaria.
El debate sobre esta cuestión cobró fuerza tras conocerse la opinión preliminar del TJUE, que desestima que España esté obligada a convertir automáticamente en funcionarios a los empleados temporales. No obstante, Arauz puntualizó en La Linterna que el fondo del informe es “un varapalo importante al Reino de España, a las autoridades administrativas, políticas y judiciales”.
Casi un millón de interinos “en régimen de precariedad”
Una de las preocupaciones centrales expresadas fue la situación de precariedad de alrededor de 950.000 empleados públicos, que a juicio del jurista siguen sin protección efectiva frente al abuso de la temporalidad. “El 95% de los médicos y sanitarios de urgencias son interinos, los que los salvaron del COVID, por ejemplo”, aseguró. Arauz denunció que “ni el Gobierno ni el Poder Legislativo adoptan una medida para dar cumplimiento a la directiva“, e indicó que el informe del abogado general habilita a la Comisión Europea para activar el procedimiento sancionador por infracción contra el Estado español.
Sobre los posibles pasos a seguir, el representante legal de los interinos identificó tres frentes de acción inmediata: la continuación de las denuncias ante instituciones europeas por la falta de aplicación de la normativa, la negociación con fuerzas políticas para promover una solución legal, y la persistencia en los litigios ante los tribunales nacionales. “Prácticamente ya disponemos de una mayoría que están por la labor de cumplir el derecho comunitario y estabilizar a este personal”, señaló Arauz en la conversación en COPE.
Conversión a puestos fijos sin oposición
En relación a la naturaleza de los procesos superados por los interinos, Arauz recalcó que “todos ellos han pasado un proceso selectivo sujeto al principio de libre concurrencia, igualdad y mérito y capacidad”. La periodista Pilar García de la Granja intervinó en la conversación para preguntar si la conversión en fijos sería posible “sin haber pasado por una oposición”, a lo que Arauz replicó que los problemas proceden de que las plazas ocupadas tenían vocación de permanencia y requerían procesos de selección de carácter fijo, pero se cubrieron bajo contratos temporales.
Por último, Arauz argumentó que el informe del abogado general establece que las indemnizaciones y los actuales procesos de estabilización “son nulos en cuanto que son contrarios al derecho europeo” y denunció que “no hay ningún tipo de responsabilidad individual de las autoridades administrativas que abusan de esos trabajadores públicos”.
