El gobierno nacional enviará en el próximo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que comienza el 1° de marzo, el proyecto para cambiar de la Ley de Salud Mental que actualmente está vigente en el país.
Así lo supo LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo que explicaron que se trata de una decisión que se vino trabajando y contempla tanto reclamos de familiares de pacientes como profesionales y de las fuerzas de seguridad.
El proyecto tendría el espíritu que ya se contempló en el apartado sobre el tema que incluía la Ley de Bases, y que finalmente quedaron fuera de la versión final que se aprobó en el Parlamento de la primera ley del Gobierno. Incluiría la creación de centros especializados y las internaciones involuntarias, uno de los principales reclamos de familiares, profesionales y agentes de seguridad, según reconstruyeron fuentes consultadas por este diario,
“Volveremos a lo que debe ser”, sintetizaron fuentes del Ejecutivo. “Hay que volver atrás y hacer algo más parecido a la ley anterior”, completaron.
Se trataría del segundo intento por parte de la administración libertaria de introducir cambios en la actual ley de Salud Mental, cuya aprobación data de 2010.
La oposición y las provincias ya encendieron las luces de alarma. El proyecto de “modernización laboral” que envió el Poder Ejecutivo al Senado incluye una serie de rebajas impositivas que, según sus estimaciones, tendrán un costo fiscal del 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) –unos US$ 5500 millones anuales– y, por tratarse de impuestos coparticipables, serán recursos que dejarán de percibir las provincias si la iniciativa, así planteada, se convierte en ley.
El impacto fiscal del 0,8% del PBI que significará esta merma en la recaudación implica nada menos que la mitad del superávit fiscal previsto en el proyecto de presupuesto 2026 (1,5% del PBI) advierte la oposición.
Con el agravante de que el Gobierno, contrario a lo que pregona –e incluso impone como regla para todas las leyes que se discutan en el Congreso-, no explicita en ningún párrafo de su proyecto cuáles serán las fuentes de financiamiento de ese costo fiscal.
La oposición se lo reprocha sin ambigüedades: mientras a ella se le achaca la sanción de dos leyes –las de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad- por su costo fiscal sin su correspondiente financiamiento –incluso intentó derogarlas en el presupuesto 2026 por ese motivo-, el Gobierno parece tener piedra libre para subir o bajar impuestos sin dar explicaciones ni considerar que de la recaudación federal no solo se sostiene la Nación, sino también las finanzas de las provincias.
Sin demasiado margen para el error, el oficialismo buscará sancionar en el Senado, en una sesión atípica prevista para el día después de Navidad, el proyecto de ley de Presupuesto 2026, una herramienta que hasta el momento el Gobierno de Javier Milei venía despreciando, pero que en esta oportunidad necesita para mostrar a los mercados y, sobre todo, negociar con el Fondo Monetario Internacional los pagos de la deuda que vencen el mes próximo.
La sesión está convocada para las 12 de este viernes y el temario incluye, también, el proyecto de ley denominado de Inocencia Fiscal, que relaja el concepto del delito de evasión fiscal y facilita el blanqueo de dólares ocultados fuera del sistema financiero. Por eso, también se lo conoce como el proyecto de los “dólares bajo el colchón”.
Además, jurará su banca el rionegrino libertario Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde, que debió resignar su lugar como senadora ante el rechazo que generó en la Cámara alta sus antecedentes penales, uno de ellos relacionado con una causa por narcotráfico en los Estados Unidos.
A priori, la flamante jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal) confía en que tendrá los votos para sancionar en general el proyecto de ley de Presupuesto.
El oficialismo contará, incluso, con el apoyo de senadores peronistas del bloque Convicción Federal, que integra el interbloque Popular que preside el kirchnerista José Mayans (Formosa).
Si, como todo indica, eso ocurre, será la primera vez que el peronismo votará dividido en el Senado, en una nueva señal de la vertiginosa pérdida de poder de Cristina Kirchner en el Congreso.
