La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, acreditó como víctimas a los familiares de 13 personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca.
La decisión se adopta en el marco del Caso 03, que investiga homicidios y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes estatales.
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De acuerdo con la información recopilada en esta investigación, los hechos son atribuidos a integrantes de grupos paramilitares en presunta coordinación con miembros del Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palacé del Ejército Nacional.
Según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas acciones habrían sido encubiertas por uniformados de esa unidad militar.
La resolución de la JEP responde a la solicitud presentada por los familiares de las víctimas, quienes buscan el reconocimiento formal y la reparación por los daños ocasionados por la masacre.
Esta medida se enmarca en el principio de centralidad de las víctimas, que orienta las decisiones de la jurisdicción y prioriza su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Informes de organizaciones de víctimas señalan que las 13 personas asesinadas no eran integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tal como fue reportado por el Ejército en 1993. Entre las víctimas identificadas se encuentran Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio César Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina y Hugo Cedeño Lozano.
En su fallo, la JEP subrayó que el reconocimiento de estas familias busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la reconstrucción de la memoria histórica.
La Sala recordó que el Caso 03 se desarrolla de manera territorial en distintos departamentos, entre ellos Valle del Cauca, con el objetivo de documentar los crímenes cometidos y determinar responsabilidades individuales y colectivas.
La CIDH, en su pronunciamiento previo, concluyó que el Estado colombiano incurrió en responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida de las víctimas y por el sufrimiento causado a sus familias. El organismo internacional destacó que estos hechos representaron una grave afectación al tejido social de la comunidad y constituyeron una violación a los estándares internacionales de derechos humanos.
En esta etapa del proceso, la JEP busca que las víctimas cuenten con espacios efectivos de participación y que puedan aportar sus testimonios para el esclarecimiento de la verdad. La acreditación también permitirá a las familias participar en audiencias, presentar observaciones y recibir las medidas de reparación que se definan dentro del marco judicial transicional.
El reconocimiento llega 32 años después de los hechos, en un contexto en el que la JEP ha avanzado en otros procesos relacionados con el Caso 03, que cubre los denominados “falsos positivos” y otros homicidios atribuidos a agentes del Estado. La jurisdicción ha indicado que este tipo de decisiones contribuye a que no se repitan actos similares y a que las instituciones asuman su responsabilidad frente a las víctimas.
Además de la acreditación, la JEP reiteró el llamado a la sociedad colombiana a mantener viva la memoria de lo ocurrido y a respaldar los esfuerzos por consolidar una paz duradera. En palabras de la Sala, la verdad, la memoria y la reparación son pilares para lograr la reconciliación y para restaurar las relaciones comunitarias que fueron quebrantadas por la violencia.
El organismo judicial recordó que en el Caso 03 se han priorizado distintas regiones del país para avanzar en la investigación de estos crímenes. En cada territorio, se realizan audiencias, toma de testimonios y contrastación de información con entidades nacionales e internacionales.
Con esta decisión, las familias de Riofrío se suman a otras víctimas que han sido reconocidas por la jurisdicción en los últimos años. La medida abre la posibilidad de que reciban acompañamiento institucional y participen de manera activa en el desarrollo de las investigaciones, así como en la construcción de las medidas de reparación colectiva.
La JEP insistió en que estos procesos judiciales no solo buscan establecer responsabilidades penales, sino también generar un reconocimiento simbólico y material que dignifique la memoria de quienes perdieron la vida y de sus familias.
