La situación diplomática entre Perú y México podría experimentar un giro significativo. El presidente peruano, José Jerí, no descartó la posibilidad de autorizar el ingreso de fuerzas nacionales a la Embajada de México en Lima para arrestar a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece en la legación solicitando asilo tras ser acusada de participar como coautora en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. De acuerdo con lo publicado por el diario peruano El Comercio, Jerí indicó que no se limitaría en las opciones a considerar, después de que el Tribunal Supremo dictara cinco meses de prisión preventiva y orden de búsqueda y captura contra Chávez.
Tal como detalló El Comercio, la postura del mandatario se hizo pública en una entrevista realizada este domingo. Jerí fue consultado sobre si actuaría tal como lo hizo el gobierno de Ecuador en 2024, cuando ingresó en la embajada de México en Quito para apresar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acto que desencadenó una ruptura de relaciones diplomáticas con México. El presidente peruano respondió que, “si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, y recalcó que existe un mandato judicial que ordena la captura de Chávez. Según Jerí, aún no ha deliberado con el primer ministro ni con el Gabinete sobre la medida a tomar, aunque manifestó apertura a todas las posibilidades en el marco del citado mandato judicial.
El mandatario peruano sostuvo además que, de acuerdo a la información disponible para el Ejecutivo, Chávez no ha dejado la embajada mexicana. Jerí aseguró que el gobierno mexicano “sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente”. El presidente agregó que la presencia de policías peruanos frente a la legación es una señal visible de la vigilancia permanente a la que está sometida la ex primera ministra.
El Comercio también consignó que el Gobierno peruano resolvió retrasar la decisión sobre la solicitud de salvoconducto presentada por Chávez para salir del país hacia México. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó días atrás que dicha decisión se encontraba en suspenso, y reiteró que la posición peruana se basa en el respeto al Derecho Internacional. A pesar de ello, Jerí defendió la necesidad de expresar el descontento oficial ante lo que caracteriza como “mal uso del asilo político”, responsabilizando a las autoridades mexicanas por haber distorsionado ese principio en el caso de Chávez.
Las tensiones diplomáticas se han visto incrementadas tras la advertencia de Colombia, cuyo gobierno, liderado por Gustavo Petro, comunicó que retiraría su embajada en Perú si este país procede con el ingreso a la legación mexicana. Según reportó El Comercio, Jerí rechazó temer una reacción adversa de la izquierda latinoamericana o de países afines en la región, y afirmó: “A palabras necias, oídos sordos”.
Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde que el Supremo dictó las medidas en su contra. La Fiscalía peruana solicita una condena de 25 años de prisión para la ex primera ministra, además de su inhabilitación por dos años y medio para el ejercicio de cargos públicos, por la supuesta coautoría del delito de rebelión agravando al Estado tras el fallido intento de instaurar un gobierno de excepción encabezado por Pedro Castillo.
El Comercio también relató que el exmandatario Castillo se encuentra actualmente preso luego de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara públicamente la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. La medida, sin respaldo institucional ni popular, llevó a que el Parlamento aprobara una moción de censura en su contra y que las autoridades judiciales peruanas procedieran con su arresto.
La política exterior de Perú en los últimos años ha estado marcada por episodios de fricción con gobiernos de la región, asociados a situaciones que involucran acusaciones de injerencia y asilo político. Jerí lamentó la volatilidad de las relaciones de Perú con otros países y atribuyó los altibajos a lo que catalogó como un exceso de intervenciones externas. El Comercio puso en contexto que la controversia sobre los procedimientos diplomáticos y la observancia del Derecho Internacional viene cobrando relevancia regional, sobre todo tras precedentes como la actuación reciente del gobierno ecuatoriano en territorio diplomático mexicano.
