La Presidencia de la República del Perú, a cargo de José Jerí, ratificó la ruptura de relaciones diplomáticas con México en respuesta a lo que calificó como reiteradas injerencias de las autoridades mexicanas en asuntos internos peruanos. La decisión, confirmada oficialmente por el canciller Hugo de Zela, se comunicó tras el asilo otorgado a Betssy Chávez, exprimera ministra procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de Torre Tagle, De Zela expresó que la acción de México representa un punto de quiebre tras varios episodios en los que las autoridades mexicanas, bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum, han pretendido “construir una realidad paralela” sobre los hechos ocurridos en el país andino, difundiendo “versiones tendenciosas e ideologizadas” y presentando a los implicados como víctimas.
Las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana
La crisis diplomática entre Perú y México tiene como antecedente una serie de intervenciones públicas de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en asuntos internos peruanos, principalmente relacionados con la destitución de Pedro Castillo y la actual administración de Dina Boluarte.
López Obrador ha mantenido una postura crítica frente al proceso que llevó al poder a Boluarte, a quien llamó “usurpadora”, al considerar que la salida de Castillo constituyó un “golpe de Estado” orquestado por sectores conservadores peruanos.
Desde diciembre de 2022, desconoció abiertamente la legitimidad de la presidenta peruana, firmando junto a Argentina, Bolivia y Colombia un comunicado de respaldo a Castillo y acusando a las autoridades judiciales y políticas peruanas de persecución política. Incluso, México otorgó asilo a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, quien recibe US$ 10 mil mensuales, tiene guardaespaldas y choferes particulares.
Estas declaraciones y acciones desencadenaron reacciones inmediatas en Lima, que en diciembre de 2022 expulsó al embajador mexicano por injerencia y, meses después, declaró “persona no grata” a López Obrador mediante acuerdo del Congreso.
La moción, aprobada previamente por la Comisión de Relaciones Exteriores, fue respaldada por el Pleno con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. “No es novedad que nuestro país viene sufriendo ataques del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de los gobiernos que abrazan una ideología dictatorial […] Todos hemos visto cómo desde el 7 de diciembre del año pasado el Sr. López Obrador ha emprendido una campaña contra el Perú en base a ataques, mentiras y sabotajes”, puntualizó la parlamentaria Patricia Chirinos durante el debate.
A ello se sumó la obstaculización —a raíz del conflicto— de la transferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a manos de Perú. “Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que le notifique a los miembros […] qué hacemos porque yo no quiero entregar (la presidencia) a un gobierno que considero espurio”, dijo entonces López Obrador.
Por su parte, Claudia Sheinbaum ha continuado la política definida por su antecesor, primero desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y después como presidenta electa. Ha manifestado en repetidas ocasiones su “solidaridad” con Castillo y su familia, insistiendo en la narrativa del “golpe de Estado” en su destitución y urgiendo a su liberación. En agosto de 2025, Sheinbaum recibió personalmente al abogado de Castillo, Guido Croxatto, comprometiendo el respaldo de la embajada para presentar denuncias ante instancias internacionales.
Las declaraciones de Sheinbaum provocaron nuevas protestas diplomáticas en Perú. La Cancillería rechazó sus dichos, acusándola de “total desconocimiento del contexto” y de mantener una postura ideologizada que vulnera el principio de no intervención y el Estado de Derecho. El Congreso de Perú concluyó este ciclo en septiembre de 2025 al declarar a Sheinbaum persona non grata, en respuesta a lo que consideró una “constante injerencia” en la política y la justicia peruanas.
En respuesta, la mandataria mexicana restó importancia y ratificó que es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. “Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, mencionó.
