El escenario en el Ministerio Público enfrenta una nueva fractura institucional, luego de que el presidente José Jerí expresara su preocupación por la prolongada disputa interna y el proceso pendiente de restitución de la fiscal Delia Espinoza. En entrevista con El Comercio, subrayó el riesgo de perder “el nivel de colaboración” logrado entre las entidades estatales, en un contexto sumido en cuestionamientos, suspicacias y demoras administrativas.
“Como peruano lamento haber visto mis instituciones pelearse una con otra, con o sin motivo, públicamente. Se debilita la imagen del país y de las instituciones mismas. Cada uno cree que actuando solo va a lograr resultados y no es verdad. Mi preocupación es que se pierda el nivel de colaboración que estamos desarrollando poco a poco. Las instituciones se están acercando como antes no lo habían hecho y me preocupa que nuevamente haya una institución que se aleje. De nada sirven los esfuerzos si la cuarta pata de la mesa no está”, manifestó al ser consultado sobre lo que piensa de la crisis en la Fiscalía.
“Me preocupa que podamos perder el nivel de colaboración que hoy tenemos”, agregó en medio del conflicto interno ante la reciente disposición judicial que ordena la reincorporación de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público y, en paralelo, la presentación de una demanda competencial.
Como se sabe, la compleja situación al interior de la Fiscalía se agravó por una falla en la notificación judicial, que, de acuerdo con la resolución N.° 10 del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, fue enviada incorrectamente a una casilla electrónica distinta a la oficial de la JNJ. El Poder Judicial admitió el error y ordenó corregir el trámite para asegurar la validez del procedimiento.
Insiste en su retorno
En una reciente entrevista con IDL, la suspendida fiscal de la Nación acusó a la Junta Nacional de Justicia de utilizar argumentos formales y presenta recursos como la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para eludir la obediencia a la resolución judicial. La fiscal interpreta la postura de la JNJ como una estrategia que desatiende el fondo del asunto: la protección de sus derechos y garantías procesales. En sus palabras, “lo que pretende la Junta Nacional de Justicia no es hacer respetar sus fueros competenciales. Lo que quiere es no respetar mis derechos fundamentales”.
Detalló que, más allá de la discusión técnica sobre competencias, el caso interpela de manera directa el derecho a la defensa y a la debida motivación de las decisiones. Según su testimonio, nunca fue convocada a ejercer defensa cuando se dispuso su suspensión ni se expusieron las razones específicas que justifiquen su apartamiento del cargo.
Además, mencionó que varias denuncias presentadas desde su despacho involucraron a congresistas y altos funcionarios, habría generado incomodidad y reacciones en su contra, incluidas múltiples citaciones y procesos altamente demandantes en paralelo. “Desde el Congreso hay una persecución totalmente malsana, ilícita, de abuso de poder y de abuso de derecho”, concluyó.
