El presidente interino José Jerí denunció este martes que las gestiones anteriores omitieron utilizar una base de datos recopilada durante una década, la cual pudo ser clave para enfrentar extorsiones, actos de sicariato y la creciente ola de criminalidad.
Durante una rueda de prensa en Huánuco, el mandatario señaló que su administración ha tomado conocimiento de la existencia de un registro detallado de las llamadas realizadas desde los penales del país, utilizado actualmente como parte de sus políticas anticrimen.
“Las concesiones de los bloqueadores se dieron hace 10 años y durante 10 años el Estado, a través del privado, ha ido administrando y recopilando y guardando cada una de las llamadas (…) Cuando hemos descubierto ello, nos hemos quedado sorprendidos”, indicó.
Agregó que resulta llamativo que esa información haya estado disponible por tanto tiempo sin que el Estado actuara: “¿No será que acaso algunas otras autoridades con esa información se hicieron de la vista gorda y voltearon su cara para otro lado para evitar enfrentar la delincuencia? ¿O tal vez tuvieron algún tipo de participación en ella?”, cuestionó.
El mandatario anunció que pronto brindará más información sobre este hallazgo. “Por lo menos llama poderosamente la atención que una de las fuentes del crecimiento de la delincuencia haya estado en nuestros ojos 10 años y nadie en el Estado haya querido ver y atacar el problema de raíz, y este gobierno lo está haciendo. Era tan sencillo ver, entender cuál era el motivo”, dijo.
“Cuántos homicidios se hubieran evitado si es que hubiera habido la decisión política de usar lo que teníamos a la mano, simplemente con ello. Entonces, hay que ver hacia atrás quienes no han tomado estas decisiones”, agregó.
Jerí indicó que observa “cifras positivas” a raíz del estado de emergencia decretado en Lima y Callao poco después de asumir el cargo, aunque consideró que aún no son suficientes. “Hay la voluntad y hay los primeros resultados parciales que las autoridades, como el ministro del Interior o el comandante general de la Policía, va a ir exponiendo públicamente”, afirmó.
También señaló que algunos internos, motivados por “factores externos”, buscan provocar motines en las cárceles para obstaculizar las iniciativas de su gestión. “Eso responde a una respuesta ante una medida que está tomando el gobierno de frenar parte del problema que origina las extorsiones, que es la articulación que se ha permitido por muchos años en los penales”, comentó.
Declaratoria
Jerí cumplió este lunes un mes en el cargo con la lucha contra la criminalidad organizada como su principal prioridad y un estilo que busca asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador para tratar de proyectar una imagen de firmeza.
La primera acción del gobernante al suceder a la exmandataria Dina Boluarte fue declarar un estado de emergencia de 30 días en Lima y Callao para enfrentar el aumento del crimen organizado, especialmente contra el transporte urbano.
La medida permite patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía, suspende algunos derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, y endurece las condiciones en las cárceles. No obstante, las extorsiones y asesinatos continúan, y los conductores de autobuses han convocado nuevos paros en protesta.
