José López, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo condenado por la causa Vialidad a 6 años de prisión, cumplirá su condena en una cárcel común, por decisión de los jueces que lo condenaron.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó la solicitud de prisión domiciliaria en su casa de Río Gallegos, presentada por la defensa de López, condenado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
López, condenado además por enriquecimiento ilícito tras su detención con bolsos con 9 millones de dólares que pretendía esconder en un convento en Moreno, estaba en su casa de Río Gallegos al cuidado de su mujer y controlado por el tribunal.
Se presentó en Comodoro Py 2002 para quedar detenido cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner.
La defensa de José Francisco López, a cargo de Santiago Finn, había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria por el estado de salud del condenado y lo que denominó el riesgo a su integridad física ya que el exfuncionario declaró como “arrepentido” en la causa de los cuadernos de las coimas.
La defensa de López argumentó que el exfuncionario padece un trastorno por estrés postraumático crónico y que había requerido internaciones psiquiátricas previas.
Adjuntó un certificado médico que señalaba que la evolución de su trastorno era “favorable ‘facilitada por la permanencia en inclusión familiar, laboral, con buen grado de funcionamiento global, construcción paulatina de recursos psíquicos de afrontamiento ante la adversidad’”.
Dijo que volver a la cárcel podría producir una recaída con “consecuencias irreversibles” para su salud mental.
Sin embargo, los informes del Cuerpo Médico Forense desvirtuaron estos argumentos. Un examen físico realizado el 17 de junio de 2025 por los doctores Alberto Miceli y Marcelo Raposeiras concluyó que López se encontraba “compensado en cuanto a su estado de salud física al momento del examen pericial, no presentando patologías clínicas crónicas”.
Más determinante aún fue el informe psiquiátrico-psicológico del 26 de junio, elaborado por el Cuerpo Médico Forense, donde hasta los peritos de parte, concluyeron que “no se observa, al momento de efectuada la presente evaluación, que el sr. López presente sintomatología compatible con un cuadro de desestructuración psicótica que deteriore la función judicativa”.
“Las facultades mentales encuadran dentro de la normalidad psico-jurídica y médico legal. Desde la perspectiva psiquiátrica y psicológica, al momento de la evaluación, se encuentra en condiciones de estar alojado en una Unidad Penitenciaria o donde considere pertinente”, señalaron.
Aunque recomendaron la continuidad de su tratamiento psiquiátrico, aclararon que puede realizarse en prisión.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya habían argumentado en favor de que López volviera a la cárcel. “No se ha acreditado la existencia de alguna dolencia, ya sea de índole física o psicológica-psiquiátrica, que actualmente implique un riesgo para la salud del peticionante”, escribieron.
El tribunal concluyó que “al menos al día de la fecha, los padecimientos que el condenado pudiera haber tenido en el pasado no revisten actualidad ni la gravedad alegada y consecuentemente no justifican el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria”.
Al rechazar los argumentos sobre el presunto riesgo para su vida por ser “arrepentido”, los jueces señalaron que la defensa no acercó “elemento probatorio que permita sustentar la existencia del riesgo invocado (lo que me permite mantener su alegación en un plano de corte netamente conjetural)”.
Además, se destacó que López ya vivía en su casa, sin medidas de protección o en secreto que sugería “una notoria atenuación del peligro invocado”.
Pese al rechazo de la prisión domiciliaria, el tribunal ordenó al Director del Complejo Penitenciario Federal I que, con la mayor premura posible, se realice una “evaluación psiquiátrica y psicológica al interno José Francisco López y se remitan a este tribunal las constancias labradas”.
“Asimismo, se deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar la continuidad de su tratamiento psiquiátrico”, dijeron los jueces.
También se exigió informar cualquier situación o modificación de su estado de salud que implicara un riesgo o no pudiera ser tratada allí.
Adicionalmente, y de conformidad con la solicitud de los fiscales, pidieron a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “se extremen las medidas de seguridad” para proteger a López.
