Luego de que se adelantara una nueva imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, cuando ejercía como diputado de ese departamento, se conoció una fuerte reacción frente a este caso. Nada menos que la del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández.
El senador, más conocido como Jota Pe Hernández, se pronunció frente al anuncio del ente acusador, que -tal y como lo había informado la precandidata presidencial Vicky Dávila- imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. En la misma audiencia, el organismo de justicia solicitará una medida de aseguramiento contra Petro Burgos, que se prevé podría hacer efectiva en un establecimiento carcelario.
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“¡No dejen volar a Nicolás! En este Gobierno se están fugando los bandidos y estos casos de corrupción no pueden quedar en nada“, afirmó el congresista, que no ocultó su indignación frente a lo que estaría ocurriendo con el primogénito del jefe de Estado, que previamente ya respondía por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por la presunta recepción de dineros de cuestionables personajes para la campaña de su padre.
¿Por qué Nicolás Petro fue imputado con nuevos delitos por parte de la Fiscalía?
Las nuevas investigaciones adelantadas en contra del exasambleísta del Atlántico, que renunció a su curul una vez entró en este proceso judicial, en agosto de 2023, se relacionan con contratos por más de $3.000 millones, adjudicados en proyectos destinados a la atención de adultos mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con la Fiscalía, estos procesos contractuales habrían presentado irregularidades durante su gestión como diputado del Atlántico.
“Fiscal del caso contra Nicolás Petro hará nueva imputación, y ojo, solicitará medida de aseguramiento. Hoy anda libre y amenazando, desde el poder de su papá, a opositores”, dijo Dávila el sábado 6 de septiembre, cuando adjuntó el documento con el que la Fiscalía formalizaba su intención de pedir la detención del joven político, que según él mismo reveló, al parecer, se quedó con los dineros que debían ir a la aspiración del presidente.
Actualmente, Petro Burgos enfrenta un juicio, justamente, por las conductas derivadas de las aparentes irregularidades en el manejo de dineros destinados a la campaña presidencial de 2022. Con la nueva imputación, el hijo del primer mandatario suma un segundo frente judicial, vinculado a su papel en la gestión de recursos públicos a nivel departamental, que lo llevarán de nuevo ante los estrados para responder por estos punibles.
Cabe destacar que el abogado defensor, Alejandro Carranza, ha señalado a Dávila de estar aliada con Daysuris del Carmen Vásquez, la exesposa del hijo del presidente, y el organismo de justicia, con el fin de adelantar lo que ha denominado imputaciones exprés; según él, a beneficio de la campaña de la periodista al primer cargo de la nación; teniendo en cuenta que fue ella la primera en revelar información sobre este caso que involucra la familia presidencial.
“Estamos frente a una Fiscalía que parece actuar al ritmo de una candidata, convertida en maquinaria electoral. La sospecha es legítima: esta imputación no nació en un despacho judicial, sino en la sala de redacción de una campaña política”, afirmó Carranza, que también se convirtió en apoderado del gobernante Gustavo Petro en los procesos que lleva en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y del director de la UNP, Augusto Rodríguez.
