La captura del joven implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay se produjo poco después de que el adolescente abriera fuego durante un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
Gracias a la rápida acción del esquema de seguridad del senador, el menor fue aprehendido tras intentar huir del lugar a pie luego de que la persona que lo transportó hasta la zona presuntamente lo abandonara.
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En audiencia realizada el martes 10 de junio, el adolescente no aceptó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero reveló detalles fundamentales que están guiando la investigación.
Tras la diligencia judicial, el joven fue trasladado al Búnker de la Fiscalía, donde continuará el proceso legal en su contra. Durante la audiencia de imputación, el menor confesó que le ofrecieron veinte millones de pesos para ejecutar el atentado y que la orden era acabar con la vida del senador del Centro Democrático, según lo detalló Noticias Caracol.
Según lo relatado ante la Fiscalía, el pago se realizaría una vez cometido el hecho, aunque no especificó si la transacción sería electrónica o en efectivo, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la posible ruta del dinero.
El acusado ya tenía anotaciones judiciales previas, incluyendo señalamientos como presunto cómplice en un homicidio y delito de hurto, de acuerdo con la información revelada por las autoridades.
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante legal de Uribe Turbay, se pronunció sobre la judicialización del menor implicado. “Celebramos que en la captura del adolescente implicado en el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá se haya impartido legalidad. Recordemos que esto es gracias a la acción inmediata del esquema de seguridad del senador que realizó la aprehensión”, expresó la firma de abogados.
El joven no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía
En la audiencia de imputación de cargos realizada tres días después de la aprehensión, el adolescente de 14 años señalado de disparar contra Uribe Turbay se declaró inocente ante el juez.
La Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, acusaciones que el menor no aceptó. Posteriormente, el juez a cargo del caso dictó medida de internación preventiva, por lo que el joven permanecerá los próximos días bajo custodia en el búnker de la Fiscalía.
Fuentes del proceso han señalado que el adolescente podría estar buscando un principio de oportunidad, una figura jurídica que le permitiría, a cambio de colaboración eficaz, convertirse en testigo clave para el esclarecimiento de la autoría intelectual del atentado. El abogado de Turbay, Víctor Mosquera, pidió a la justicia garantizar todos los mecanismos necesarios para que el menor pueda aportar la verdad al país.
Francisco Bernate, experto penalista, indicó para Noticias RCN que para los menores de edad esta figura no opera de forma parcial como en los adultos, sino que implica una negociación total respecto a los cargos imputados. A raíz de la medida de internamiento, los próximos cinco meses el joven permanecerá en el búnker de la Fiscalía y posteriormente será trasladado a un centro especial bajo la tutela del Icbf.
Según explicó Bernate a ese medio, la legislación colombiana no permite que los menores negocien parcialmente los cargos, por lo que cualquier acuerdo con la Fiscalía debe abarcar la totalidad de los delitos imputados. Esta situación plantea desafíos tanto para la defensa como para las autoridades encargadas de esclarecer el atentado y determinar la responsabilidad de los autores intelectuales.
La investigación ha permitido identificar la posible participación de un vehículo y una motocicleta en los hechos, así como vínculos del caso con una oficina de sicarios de la localidad de Santa Fe en Bogotá. Ante estas circunstancias, la defensa de la víctima exhortó a la Fiscalía a agotar todos los mecanismos jurídicos disponibles para obtener colaboración del menor judicializado y avanzar con celeridad en la judicialización de los autores determinadores del ataque contra el precandidato presidencial.
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró la gravedad de los hechos y la necesidad de mantener al menor bajo custodia para garantizar la seguridad de las partes involucradas y evitar posibles interferencias en la investigación.
