La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a seis individuos señalados de participar en el hurto de 2.418 millones de pesos mediante fraude bancario y suplantación de la tesorera departamental.
Las seis personas enfrentan cargos tras ser vinculadas a la sustracción ilegal de 2.418 millones de pesos de una cuenta de la Gobernación de Putumayo.
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La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, identificó como eje principal del caso a Mauricio Portilla Chindoy, que trabajaba como contratista en la entidad para el momento de los hechos.
Según el expediente citado por el ente de control, Portilla habría accedido irregularmente a la cuenta digital de la gobernación.
En la maniobra también habrían participado José Alexander Otálvaro Carmona, Álvaro Raúl Echeverry Jaramillo, Juan David López, Lucila de Jesús Osorno Orozco y Cateri Gómez Osorio, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, permitieron el uso de sus cuentas bancarias para recibir las transferencias derivadas del delito.
El hurto ocurrió en diciembre de 2022. Todo se desencadenó tras la generación de órdenes de pago falsas que permitieron extraer el dinero de la entidad territorial hacia cuentas particulares.
La tesorera de la gobernación detectó las transferencias no autorizadas y alertó inmediatamente a la entidad bancaria, acción que permitió revertir una parte del monto, aunque la mayor parte ya se había desviado.
Las pruebas recabadas llevaron a que los indiciados fueran presentados ante el juez por los delitos de hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y violación de datos personales.
Durante la audiencia, José Alexander Otálvaro Carmona reconoció su responsabilidad en el delito de hurto por medios informáticos, mientras que los otros implicados no aceptaron los cargos. Todos fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en Mocoa (Putumayo), Bello, Medellín (Antioquia) y Bogotá.
La Fiscalía reiteró la importancia de reforzar los mecanismos de seguridad digital en las instituciones públicas para evitar que recursos oficiales caigan en manos de redes delictivas especializadas en fraude informático.
Desarticulada red que robó casi $2.000 millones de la Alcaldía de Cáchira mediante software malicioso
Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió detener en Barranquilla a cuatro personas señaladas de integrar una red delictiva responsable del hurto de recursos públicos a través de tecnología maliciosa.
El grupo, identificado como Fronteras 2, sustrajo $1.934.904.900 de las cuentas de la Alcaldía de Cáchira, departamento de Norte de Santander, mediante el uso de malware que facilitó el acceso y el movimiento no autorizado de fondos oficiales.
El caso se concretó entre el 18 y el 25 de abril de 2024. En esos días, los responsables lograron ejecutar cinco transferencias desde una cuenta corriente del Banco Agrario a nombres de empresas fachada inscritas en Davivienda y Bancolombia.
Los montos extraídos en cada transacción oscilaron entre los 180 y los 540 millones de pesos, todas sin la validación del alcalde local, lo que generó un fuerte impacto en las arcas municipales.
Las indagaciones, adelantadas por la Policía Judicial e inteligencia de Norte de Santander y la Metropolitana de Barranquilla, contaron con la coordinación de la Fiscalía y se extendieron a lo largo de un año.
Durante este periodo, se analizaron más de 1.600 horas de videos de seguridad y se cruzó información en al menos 40 ubicaciones, para precisar el accionar y la identidad de los participantes.
Los capturados son Ruth Marleny Medina Díaz, Laura Vanessa Escamilla García, Juan Carlos Domínguez Medina y Hugo Miguel Hazbun Reyes, quien ya tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.
Según las autoridades, los detenidos usaban malware —un software malicioso diseñado para burlar sistemas de seguridad— y así acceder de manera remota a las plataformas bancarias de la alcaldía, desde donde efectuaban transferencias fraudulentas hacia cuentas propias o de terceros.
