La entrevista concebida por Pedro Sánchez a TVE tras más de un año sin comparecencias en medios ha provocado un choque frontal con la judicatura. El presidente del Gobierno defendió la inocencia de su entorno familiar y elevó el tono contra los magistrados que investigan a su esposa y a su hermano.
“Hay jueces que no cumplen con la ley”, declaró Sánchez, una acusación que responde, según añadió el presidente, a su convicción de que “hay jueces haciendo política, que son una minoría, pero hacen un inmenso daño a la justicia”.
“Pena de telediario” y petición al CGPJ
Durante la entrevista, Sánchez denunció que los procesos que afectan a sus seres queridos son un ejemplo de “pena de telediario”. “Esto es un caso palmario de que hay un problema de instrucción… que están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”, sostuvo.
Además, el presidente reclamó la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Merecería una reflexión de cómo poder defenderse de procesos que son muy defectuosos en el fondo y en la forma. Es algo que corresponde al Poder judicial. Pero yo conozco a mis familiares, sé cómo viven”.
Rechazo masivo de los magistrados
Ante estas acusaciones, las asociaciones judiciales reaccionaron con dureza. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, advirtió que Sánchez “desconoce el respeto al Poder Judicial y a los principios de un Estado de Derecho”.
Según Del Barco, sus palabras “posiblemente expresen así su desesperación porque su círculo más cercano está asediado presuntamente por la corrupción. Su hermano, su esposa, su mano derecha del partido, su otra mano derecha… Le cuesta entender que los jueces aplicamos la ley también cuando el presunto delincuente es de la familia del presidente del Gobierno. Es lo normal en una democracia”.
Por otro lado, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz, Sergio Oliva, incidió en que “los jueces cumplen con la ley y trabajan con profesionalidad”. “Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. Y es plenamente grave que estas críticas vengan del presidente del Gobierno, al quien debe exigirse mayor prudencia y respeto a la justicia”.
“El mismo populismo de Trump”
El Foro Judicial Independiente (FJI) también arremetió contra Pedro Sánchez. Su presidente, Fernando Portillo, afirmó que “esos jueces que, según el presidente hacen política, son aquellos que casualmente están investigando los casos de corrupción que afectan a su entorno”.
Pero Portillo fue más allá, al advertir que sus declaraciones forman parte de “una estrategia política de deslegitimación del Poder Judicial que es bastante dañina porque cala en la sociedad”.
Así, el magistrado comparó las palabras del presidente del Gobierno con la de otros líderes políticos: “Las declaraciones de Sánchez son muy graves y recuerdan a manifestaciones de Donald Trump contra jueces que le molestaban”.
Matices desde el ala progresista
Incluso la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) expresó su descontento, aunque con cautelas. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, señaló que “quizá no corresponda al presidente del Gobierno hacer estas manifestaciones”.
No obstante, consideró “indudable la instrumentalización de ciertos procesos judiciales por razones partidistas”. Según Rodríguez, “hay una judicialización de la actividad política que hace que los tribunales tengan que ser rigurosos para que no se instrumentalice el Poder Judicial en casos determinados”.
El Gobierno cierra filas
La ministra portavoz, Pilar Alegría, defendió a Sánchez asegurando que sus palabras no cuestionaban al conjunto de la judicatura. “Este Gobierno siempre ha defendido la Justicia en este país, pero también es cierto que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender”, explicó.
Asimismo, la portavoz del Gobierno insistió en que la posición del presidente “no es subjetiva” y recordó que algunas de esas decisiones “han sido rechazadas por la Fiscalía o por tribunales superiores”.
