La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han manifestado su «profunda preocupación» por el «descrédito» que suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran «las declaraciones realizadas por distintos responsables políticos, incluidos miembros del Gobierno», sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que consideran una «presión inaceptable» sobre los jueces.
Así se han pronunciado este jueves en un comunicado conjunto en el que inciden en que «las insinuaciones de parcialidad o descalificaciones generalizadas procedentes de cargos públicos generan una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional y ponen en riesgo la separación de poderes».
En esta línea, han recordado que «la independencia judicial no es un privilegio de los jueces», sino «una garantía para el ciudadano, que tiene derecho a que sus conflictos sean resueltos por jueces imparciales, ajenos a intereses políticos».
Y han advertido de que las declaraciones recientes de políticos y miembros del Ejecutivo suponen «un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de Derecho que rige en España y en el conjunto de la Unión Europea».
APELAN A LA «RESPONSABLIDAD INSTITUCIONAL»
Así las cosas, las asociaciones han apelado a la «responsabilidad institucional de todos los poderes públicos, y en especial de quienes integran el Gobierno, para que contribuyan al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza».
«Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división. Preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden», han recalcado.
En este sentido, han incidido en que «cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas en la actuación de los tribunales, alimenta un relato falso y muy dañino: el de que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del Derecho aplicable».
Al hilo, han advertido de que «mantener este relato no solo carece de fundamento, sino que supone un riesgo real para la confianza de la ciudadanía en la Justicia, un pilar básico de cualquier democracia».
Para ambas asociaciones, resulta «especialmente preocupante» que se hayan formulado «valoraciones de alcance político» cuando el contenido íntegro de la sentencia que ha derivado en la dimisión de García Ortiz aún no se conoce, lo que, a su juicio, «hace aún más improcedente cualquier intento de desacreditar la labor judicial».
RECUERDAN QUE LOS FALLOS NO SE ADOPTAN POR «AFINIDADES POLÍTICAS»
La AJFV y FJI han subrayado que «hablar de etiquetas para referirse a los jueces evidencia un claro desconocimiento de cómo funciona la Justicia en España».
«Las decisiones judiciales no se adoptan en función de afinidades políticas; los jueces resuelven conforme a derecho, sometidos exclusivamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117.1 de la Constitución», han defendido.
Además, han apuntado que la existencia de votos particulares en las resoluciones judiciales es «una muestra de la discrepancia jurídica y la riqueza técnica del sistema, no de una división ideológica». «Y forma parte de la normalidad de cualquier órgano colegiado independiente», ha añadido.
En la misma línea, las firmantes han recordado que todas las resoluciones judiciales cuentan con «garantías procesales suficientes y con vías legales de revisión». «En este contexto, corresponde a los responsables públicos ser especialmente cuidadosos a la hora de valorar decisiones judiciales», han agregado, al tiempo que han incidido en que «la crítica jurídica forma parte del debate democrático, pero el descrédito institucional no».