La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial ha impuesto una medida disciplinaria de amonestación al juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, por el presunto retraso injustificado en la ejecución de una sentencia.
La investigación disciplinaria se inició a partir de una queja del Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior, presentada en octubre de 2021. Se acusó a Concepción Carhuancho de un retardo al resolver requerimientos de pago de la reparación civil a condenados por asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos. El monto impuesto en los fallos superaba el medio millón de soles.
Según la resolución de la Unidad de Sanción y Apelación de la ANC a la que accedió Infobae, el retraso está comprobado. Y es que desde octubre de 2018, el Procurador Público realizó múltiples peticiones formales solicitando la ejecución de la sentencia y el pago de la reparación civil.
El juez Concepción Carhuancho, dice el documento, emitía resoluciones en las que ordenaba que los requerimiento se dejen en su despacho «para pronunciamiento y revisión”. Sin embargo, la resolución que ordenó requerir el pago a los sentenciados fue emitida en septiembre de 2021, a casi tres años desde el primer pedido de la Procuraduría.
Rechazan defensa de Concepción Carhuancho
El juez Richard Concepción Carhuancho argumentó en su defensa que el expediente no fue puesto físicamente a su despacho para resolver, que en esos años su juzgado atravesaba una sobrecarga al tramitar casos hipercomplejos con alto número de investigados, y que las circunstancias se agravaron por la pandemia de la COVID-19 y la licencia de maternidad de la única especialista legal asignada a su despacho.
Sin embargo, la ANC determinó que el retardo era excesivo y que los pedidos del Procurador databan de octubre de 2018, es decir, más de un año antes del inicio de la emergencia sanitaria.
Asimismo, el órgano de control sostiene que el juez tenía conocimiento de los pedidos pendientes al firmar las resoluciones de “Déjese en despacho”.
“Se ha acreditado objetivamente que el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho, inobservó su deber previsto (…) consistente en ‘impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso’, así como ‘observar con diligencia los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el cumplimiento de la debida celeridad procesal’; incurriendo (en la) falta grave de ‘causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, frustrando o retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales”, se lee en la resolución.
Aunque una falta grave se sanciona con multa o suspensión, la ANC consideró como atenuantes el hecho de que parte del periodo de retardo ocurrió durante la pandemia, y que la especialista legal de su despacho salió de licencia por embarazo. Por ello, solo se le impuso una amonestación al juez Richard Concepción Carhuancho.
Por otro lado, la ANC impuso la misma medida a la especialista legal por su actuación “poco diligente” que contribuyó a que no se atendiera a tiempo los pedidos del Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior.
