Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

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La jueza Ángela Zamorano Herrera decidirá el 12 de noviembre si Duarte cumple los requisitos legales para abandonar el Reclusorio Norte. ( WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO)

Una jueza federal le negó la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de que su defensa la solicitara por presunta buena conducta dentro del penal del Altiplano, donde se encuentra recluido desde 2018.

Al término de la audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera, aseguró que Duarte no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Ejecución Penal, por lo que declaró infundada la petición de la defensa.

La jueza explicó que para poder obtener su liberación anticipada, no cumplió con dos de los siete requisitos establecidos. El más relevante de los puntos con lo que no cumple es que no debe estar sujeto a otros procesos judiciales.

Javier Duarte tiene pendiente un proceso penal por el delito de desaparición forzada en el estado de Veracruz, donde es acusado de entorpecer la investigación, hecho por el cual se le dictó auto de no vinculación a proceso, y que próximamente tiene que resolver un tribunal.

Cabe recalcar que al exgobernador de Veracruz le fue interpuesta una pena de 9 años, la cual culminará en abril de 2026.

¿Por qué está detenido Javier Duarte?

Jueces beneficiaron el caso del exgobernador
Crédito: Cuartoscuro

Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue arrestado el pasado 15 de abril de 2017 en el municipio de Panajachel, Guatemala, gracias a una orden de captura internacional emitida por México. Durante su gestión como gobernador de Veracruz, entre 2010 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó un desfalco de más de 60 mil millones de pesos.

Además, las investigaciones apuntaron a la creación y uso de al menos 400 empresas fantasma que recibieron contratos del gobierno veracruzano, con los que Duarte y sus colaboradores lavaron dinero y saquearon recursos públicos. Los delitos por los que fue acusado incluyeron delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, fue señalado por desvío de fondos destinados a salud, educación y desarrollo social.

Tras su extradición a México en julio de 2017, Duarte fue juzgado y, en septiembre de 2018, sentenciado a nueve años de prisión tras aceptar su culpabilidad a través de un procedimiento abreviado. También fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante ese mismo periodo.

FGR argumenta mala conducta de Javier Duarte

Jueces beneficiaron el caso del exgobernador
Crédito: Cuartoscuro

Durante la audiencia celebrada el miércoles 19 de noviembre, la FGR presentó una serie de testimonios con el objetivo de persuadir a la jueza de que Duarte no merece la preliberación. Entre los elementos expuestos, la fiscalía subrayó que el exmandatario aún enfrenta un proceso judicial por desaparición forzada relacionado con hechos ocurridos durante su administración.

Además, el Ministerio Público de la Federación acusó a Duarte de haber retrasado de manera deliberada diversos procedimientos judiciales, recurriendo a la simulación de enfermedades para obstaculizar el avance de los casos en su contra.

Cinco integrantes de la Fiscalía veracruzana comparecieron como testigos para detallar las estrategias legales que, según su testimonio, Duarte habría empleado para entorpecer la acción de la justicia. Entre ellos, Denise Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Coordinación de la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas del Estado de Veracruz, relató que tras la desaparición de un taxista en 2013, el entonces gobernador dificultó el esclarecimiento del caso. Los testigos también abordaron ante la jueza las acusaciones de peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada del fuero común.

Por otra parte, en el entorno penitenciario, se ha señalado que Duarte habría gozado de ciertos privilegios, como el acceso a un teléfono celular, lo que le permitió mantener comunicación con su equipo legal y familiares, así como disponer de espacios diferenciados y facilidades para recibir visitas.

Estos beneficios, que no suelen estar disponibles para otros internos, han sido justificados por la defensa como parte de su derecho a preparar una estrategia legal adecuada. No obstante, críticos del proceso consideran que tales prerrogativas reflejan la influencia política y económica que Duarte aún conserva, pese a su condena.

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