El juicio contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entra en su fase final en Bogotá, mientras la justicia colombiana evalúa su presunto papel como ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Narváez enfrenta acusaciones de haber adoctrinado a altos mandos paramilitares, supuestamente incitándolos a cometer asesinatos y otros crímenes emblemáticos, como el asesinato de Jaime Garzón, el secuestro de Piedad Córdoba y la tortura de Claudia Julieta Duque.
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El proceso judicial actual contra Narváez se fundamenta en la acusación de la Fiscalía, formalizada en 2019, que lo señala como principal ideólogo de las AUC. Se le atribuye haber instruido a los comandantes paramilitares, con el respaldo de Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las AUC, entre 1996 y 2006.
Durante ese periodo, Narváez ejerció como asesor de Fedegán, oficial de reserva, asesor de las Fuerzas Militares y profesor en la Escuela Superior de Guerra, donde impartió clases sobre guerra política y operaciones psicológicas.
La Fiscalía sostiene que, a través de la cátedra “¿Por qué es lícito y no es pecado matar comunistas?”, Narváez habría promovido la eliminación de líderes de izquierda, defensores de derechos humanos y miembros de ONG, aunque él niega rotundamente haber dictado dicha cátedra.
La jueza Artunduaga, quien ya condenó a Narváez en 2023 por la tortura psicológica de Claudia Julieta Duque, debe decidir ahora si existen pruebas suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado con fines de promover grupos paramilitares, delito que podría acarrearle hasta 18 años de prisión.
Narváez ya acumula sentencias previas: 28 años por instigar el secuestro de Piedad Córdoba, 26 años por determinar el asesinato de Jaime Garzón y 12 años por la tortura de Duque. En fallos anteriores, jueces como Claudia Castro y Ricardo Mojica Vargas han señalado que Narváez difundió discursos de odio y participó en campamentos paramilitares, promoviendo la eliminación de opositores ideológicos.
Testimonios y tensiones entre exjefes paramilitares
El expediente judicial, revelado por la revista Cambio, ha puesto en evidencia profundas tensiones entre los exjefes paramilitares que han testificado en el proceso. Durante 2023 y 2024, la jueza escuchó a figuras como Salvatore Mancuso, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Jorge Iván Laverde (“El Iguano”), Hebert Veloza (“H.H.”), Aldides de Jesús Durango (“René”), Gabriel Puerta Parra, Juan Rodrigo García Fernández y Mauricio Aranguren.
Las declaraciones han revelado disputas sobre la veracidad y el origen de los testimonios, así como episodios de pérdida de memoria y acusaciones de que algunos relatos se basan en información de oídas.
Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, reconoció ante la jueza que su testimonio contra Narváez se basó en lo que escuchó de otros, en particular del fallecido Iván Roberto Duque (“Ernesto Báez”), y no en hechos presenciados directamente.
“Yo no puedo decir que ahí arrimó el señor Narváez a darme a mí una clase de eso porque estaría faltando a la verdad. ¿Qué dije en Justicia y Paz? Manifesté lo que he escuchado”, declaró Laverde, según reveló Cambio.
El excomandante lamentó haber dado declaraciones de oídas y señaló que la presión por obtener beneficios en el proceso de Justicia y Paz llevó a muchos a hablar de hechos que no presenciaron.
Hebert Veloza, alias H.H., también puso en duda la versión de El Iguano sobre la supuesta participación de Narváez en el crimen de Jaime Garzón y cuestionó la existencia de conferencias sobre el asesinato de comunistas.
Veloza relató que, durante las audiencias de Justicia y Paz, algunos exparamilitares optaron por contar la verdad, mientras que otros prefirieron callar o distorsionar los hechos. Por su parte, Aldides de Jesús Durango, alias René, manifestó su desconfianza en el proceso de Justicia y Paz y explicó que fue el primer paramilitar en retirarse de ese mecanismo.
El expediente conocido por el diario nacional también recoge casos de pérdida de memoria entre los testigos. Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, alegó que un accidente en 2018 afectó su capacidad para recordar detalles de sus declaraciones anteriores, aunque ratificó lo dicho en el pasado sobre Narváez.
Rendón describió al acusado como un hombre “muy antisubversivo” y afirmó haberlo visto en una ocasión con Carlos Castaño. Juan Rodrigo García Fernández, exasesor civil de las AUC, también mencionó problemas de memoria derivados de una cirugía cardíaca, aunque recordó un encuentro con Narváez en un hotel de Medellín, donde este último habló sobre las Convivir.
En contraste con las dudas y contradicciones de algunos testigos, Salvatore Mancuso defendió la autenticidad de las confesiones realizadas en em medio del proceso de Justicia y Paz.
Mancuso negó que los testimonios hayan sido “libreteados” o concertados en prisión, como sugirieron otros exjefes paramilitares. “Nosotros teníamos un acuerdo con el Gobierno nacional y era que nos iban a reunir en determinadas colonias penales agrícolas y centros de reclusión… para poder reunir las verdades del conflicto armado porque era uno de nuestros compromisos”, explicó Mancuso en declaraciones recogidas por Cambio.
El exjefe paramilitar ratificó sus señalamientos contra Narváez, asegurando que este se reunió con varios comandantes y proporcionó información que sirvió de base para acciones militares de las AUC.
Defensa de Narváez y contexto de la justicia transicional
Frente a las acusaciones, Narváez, recluido en un centro de detención para militares en Facatativá, sostiene que los testimonios en su contra son producto de retaliaciones por denuncias que él mismo presentó contra otros excomandantes, como Carlos Mario Jiménez (alias Macaco).
Narváez rechazó de manera enfática la existencia de la cátedra para matar comunistas: “Nunca se dictó, jamás. ¿Cómo se les va a dictar a unos asesinos una cátedra de lo que es lícito e ilícito?”, afirmó ante la jueza.
En las próximas semanas, la jueza Martha Cecilia Artunduaga, quien ya ha emitido sentencias clave en este caso, será la encargada de dictar el fallo que podría cerrar uno de los capítulos más controvertidos de la relación entre el Estado y el paramilitarismo.
