WASHINGTON.- La saga por el juicio por YPF sumó esta madrugada una nueva fecha a marcar en el calendario. La Corte de Apelaciones de Nueva York decidirá el 5 de agosto próximo si acepta, suspende o rechaza la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) de anular el fallo que ordenó a la Argentina pagar una indemnización de US$16.100 millones a los fondos Burford —que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— y a Eton Park. También deberá decidir si recomienda al Departamento de Justicia norteamericano iniciar una investigación sobre la manera en la cual fueron adquiridas las acciones de la petrolera entre 2008 y 2011, antes de la nacionalización.
“Esta decisión ocurrirá el día después de que la Argentina y los beneficiarios del fallo presenten sus escritos por primera vez en diez años sobre el tema corrupción en el caso YPF”, señaló Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior. Esa presentación es como consecuencia del reclamo que hizo la ONG norteamericana.
🛑La Corte de Apelaciones decidirá en 5 de Agosto si acepta, suspende o rechaza la apelación de la ONG RA4ARG de anular el fallo de los USD 16.100 millones y si recomienda al Departamento de Justicia iniciar una investigación sobre la manera en la cual fueron adquiridas las…
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 26, 2025
RA4ARG busca que se desestime el caso en la Justicia norteamericana por corrupción en el proceso de nacionalización de la compañía petrolera. La de la ONG es una de las cuatro apelaciones paralelas en el juicio.
“Lo importante de la breve presentación de este sábado es que alguien -no se especificó quién- fijó la decisión de aceptar, cancelar o reenviar el caso a la jueza Loretta Preska para el 5 de agosto, mediante lo que se conoce como dispositive motions“, una decisión que se toma de manera inmediata sin necesidad de argumentos orales o de recibir ningún tipo de escrito adicional, señaló Maril a LA NACION.
Lo que pide el dispositive motion es que se suspenda la apelación y se lo devuelva a Preska, jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, para acciones legales adicionales. Generalmente cuando esto ocurre es que la Corte de Apelaciones no tratará en este momento la apelación, y le devolvería el caso a la corte inicial, de Preska, para que decida qué hacer, indicó el especialista.
Anteriormente, Preska ya decidió que no iba a definir nada con el reclamo de RA4ARG sin instrucción de la Corte de Apelaciones. “El hecho que esta decisión la vayan a tomar el día después de que se presenten los escritos de la Argentina y los demandantes es un indicio de que lo más probable es que ponga en suspenso o rechacen temporariamente este pedido de la ONG”, agregó Maril. Se desconoce si los motivos de la decisión del próximo 5 de agosto serán explicados ese mismo día.
Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies, con sede en Nueva York, considera “difícil” que la Corte de Apelaciones le indique al Departamento de Justicia que “se ponga a investigar” las denuncias de corrupción en el proceso de nacionalización de YPF.
“En primera instancia Preska ya rechazó in limine el pedido de esta ONG, por lo que veo poco probable que eso prospere“, evaluó el analista a LA NACION.
“Eso sin perjuicio de que el propio Departamento de Justicia inicie alguna acción y eventualmente tenga alguna intervención en el expediente, aunque también lo veo complicado», indicó Carranza, que cree que el Gobierno por ahora no activará esta vía de apelación que impulsa RA4ARG. “Es un esfuerzo de esta ONG, que está tratando de instalar este tema”, agregó.
El 18 de julio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó ante la Justicia de ese país el apoyo a la Argentina en la causa por YPF. La decisión se efectivizó a través de un amicus curiae presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Como punto principal, el descargo se referenció en la necesidad de una correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera en virtud de una ley que regula esta cuestión, sancionada en Estados Unidos en 1976 (la FSIA), y del derecho de usos y costumbres federal de ese país.
El Gobierno fue condenado en septiembre de 2023 a pagar US$16.100 millones en el juicio principal iniciado por Burford, que compró los derechos de los demandantes originales. La sentencia de Preska determinó que la Argentina incumplió con la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios luego de nacionalizar el 51% de la compañía en 2012, como marcaba el estatuto de la propia petrolera, una compañía con cotización en la Bolsa de Nueva York.
Esta semana, la Corte de Apelaciones fijó audiencias orales para la semana del 27 de octubre por la apelación de la sentencia de fondo en el caso YPF, que tendrán lugar luego de las elecciones legislativas del domingo 26.
