El juicio por la expropiación de YPF que tramita en los Estados Unidos es uno de los mayores desafíos internacionales del país. Empecemos por el monto de la condena de primera instancia: 16 mil quinientos millones de dólares; la cifra se acrecienta considerablemente si se le suman los más de 2 millones que, por intereses, se devengan por día. Si tomamos como referencia el último swap de monedas firmado con los Estados Unidos hace pocos días, se cae en la cuenta de lo que puede ser una extraña paradoja: los 20.000 millones de dólares disponibles bajo ese contrato podrían tener como destino inesperado, saldar una orden judicial del país prestamista, en virtud de un reclamo con orígenes escabrosos.
La sentencia en cuestión fue apelada por el país, junto con una orden judicial para que el Estado argentino entregue en forma de pago parcial las acciones que ostenta en YPF. Vale la pena recordar que la empresa quedó excluida de la condena en primera instancia. En la estrategia judicial de los demandantes, el intento por hacerla parte es doble: de un lado lo intentan en su apelación; del otro, sostienen que YPF es un alter ego (otro yo) del Estado, con lo que la ejecución de la condena debería incluir sus activos. De un modo u otro el objetivo es cobrarse con YPF, porque saben las dificultades de corto plazo de cobrarle a un Estado.
La semana pasada tuvo lugar en la Cámara de apelaciones del segundo circuito una audiencia en la que las partes expusieron sus argumentos ante los jueces. Antes de esta presentación oral, ya habían propuesto por escrito sus posiciones, lo que les dio a los jueces la oportunidad de estar informados con antelación. Merece la pena incorporar al análisis la elección del panel de jueces (a nivel federal en Estados Unidos, se conforma un panel para decidir cada caso): ocurrió hace pocos días, previo a la audiencia, y no era el más prometedor. Dos de los jueces, Denny Chin y José Cabranes, ya habían decidido en contra del país cuando se trató la aplicación de la ley de inmunidad soberana hace unos años y en un reclamo por default de nuestra deuda soberana. A lo que se sumaba que los tres fueron designados por gobiernos demócratas, dato no menor, si se toma en consideración que el sistema judicial norteamericano está en ebullición, a partir de la estrategia del Poder Ejecutivo de llevar rápidamente los casos de mayor densidad política (tarifas e inmigración especialmente) directamente a la Corte Suprema de Justicia, salteando las instancias inferiores.
La Argentina llegó a la audiencia con una sentencia adversa de primera instancia por un monto sideral y un panel que por sus antecedentes y conformación sugería una mirada más bien crítica a nuestros intereses. Aún cuando no se decidió nada (es probable que la cámara se expida en el primer trimestre del año entrante) es importante analizar lo ocurrido en la audiencia, especialmente el tenor de las preguntas de los jueces y su foco de atención, porque dan un indicio de cómo están pensando el caso, falencias y fortalezas de los argumentos de las partes. Y hubo acá una sorpresa con signos alentadores para los intereses del país: la mayor parte giró en derredor de un argumento que fue presentado por Argentina en su defensa sustancial hace años ya (en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri), conocido como forum non conveniens (o foro no conveniente).
A diferencia de la defensa previa bajo la ley de inmunidad soberana que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y, aún perdidosa, permitió a la Argentina ganar tiempo en el juicio, la de foro no conveniente no había sido tratada directamente hasta acá. Es simple: todos los hechos del caso (la expropiación) ocurrieron en la Argentina y la ley aplicable es también la argentina, porque los estatutos de YPF, que son el eje argumental de los demandantes, así lo ordenan. Es decir que estamos ante un caso en el que hechos y ley de un país son aplicados e interpretados por jueces de otro país. La doctrina de foro no conveniente indicaría que quienes en mejores condiciones están de decidir el caso son los jueces argentinos.
Esto es esencialmente lo que se discutió en la audiencia, y como se dijo, da indicios que pueden ser leídos en clave de cauteloso optimismo. No se puede perder de vista que la investigación judicial en Argentina por este caso está en ciernes, por no decir durmiendo el sueño de los injustos, desde hace casi 20 años en el juzgado de Ariel Lijo.
Se trata del mismo juez que ha sido propuesto por el actual gobierno para ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia del país. Hablando de foro no conveniente, debe decirse que toda la potencia del argumento defensivo en el juicio en Estados Unidos, se ve debilitada por situaciones locales de nuestra propia hechura, signada por incoherencia y contradicción.
Como dato que se agrega a este entramado, cabe recodar que la jueza norteamericana Loretta Preska reclama a la Argentina la entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios en un procedimiento paralelo a la causa principal. De no hacerlo, nuestro país podría caer en desacato.
Por lo demás, resta esperar la decisión de la Cámara. Sirva como buen antecedente y lección que, cuando la defensa de los intereses del país se hace con una mirada de un único Estado con continuidad y no parcial de uno u otro gobierno, la estrategia es sólida y las chances de éxito son mayores. Así lo muestra la defensa de foro no conveniente que esperemos sirva de argumento para sacarnos de este costosísimo enredo.