Josep Maria Cruset, secretario general de Junts en el Congreso, recurrió a cifras recientes sobre el fenómeno de la reincidencia y la delincuencia en Cataluña para subrayar la postura de su partido frente al Gobierno central. Durante una entrevista en el programa ‘Parlamento’ de RNE, cuyas palabras citó Europa Press, Cruset argumentó que la existencia de 600 personas clasificadas como multirreincidentes y más de 7.000 detenciones acumuladas evidencia la necesidad de abordar modificaciones legislativas pendientes. Esta cuestión se situó como una de las bases de la decisión de Junts de interrumpir de manera definitiva sus relaciones con el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez.
De acuerdo con Europa Press, Junts ha informado que su ruptura con el Gobierno es total e irreversible, descartando de inmediato cualquier apoyo, negociación o respaldo a los Presupuestos Generales del Estado proyectados para 2024, así como a otras iniciativas impulsadas desde Moncloa. La agrupación encabezada por Carles Puigdemont se lo comunicó directamente al presidente del Ejecutivo, señalando que los «incumplimientos sistemáticos» de los pactos alcanzados al inicio de la legislatura han dejado sin margen para la colaboración. Entre los incumplimientos señalados se encuentran tanto la ausencia de avances en la prometida Ley contra las Okupaciones como la falta de transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat, áreas consideradas estratégicas por la formación catalana.
Europa Press detalló que los desacuerdos se han visto agravados por una serie de escándalos que han sacudido el ámbito político y judicial. La dimisión del presidente de la Diputación de Lugo tras una denuncia por acoso sexual, el conocido caso Salazar y la detención de la exmilitante Leire Díez y del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han influido en que Junts perciba un entorno político deteriorado y poco propicio para retomar el diálogo. Estas circunstancias, sumadas a la persistencia de los compromisos no ejecutados por el Gobierno, fortalecieron la postura de ruptura explícita que Cruset ha reiterado como definitiva.
Pidieron que la ruptura de relaciones se entienda como consecuencia de la falta de reciprocidad y cumplimiento por parte del Ejecutivo en los acuerdos suscritos tras la investidura. Europa Press indicó que Junts tuvo inicialmente una postura de apertura y voluntad de acuerdo, pero la falta de respuestas satisfactorias desde Moncloa acabó con cualquier disposición de colaboración. Este distanciamiento ya se reflejaba en decisiones anteriores, como el voto en contra de Junts a la senda de déficit del Gobierno, y la formación catalana dejó claro que tampoco respaldará el nuevo proyecto presupuestario previsto para el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Según información recogida por Europa Press, Junts subrayó que solo retomaría el contacto o la negociación si el Gobierno cumpliese de forma íntegra los compromisos firmados al inicio de la legislatura. Cruset insistió en que ni los reconocimientos públicos de Pedro Sánchez sobre los retrasos ni las recientes ofertas de Moncloa han resultado convincentes para el partido. La formación considera que el deterioro de la relación no es una respuesta coyuntural a las circunstancias más recientes, sino el desenlace de una acumulación de desencuentros derivados de los acuerdos incumplidos.
El grupo parlamentario catalán mantiene un rechazo general a los proyectos legislativos impulsados por PSOE y Sumar, con la sola excepción de aquellas leyes ya negociadas específicamente, como la Ley de Atención a la Clientela y la Ley de Movilidad Sostenible, señaló Europa Press. En el caso concreto de la propuesta de Ley contra la Multirreincidencia, Cruset precisó en su intervención que la iniciativa parte exclusivamente de Junts y que, para prosperar, necesitará el respaldo de otros partidos, pues el actual contexto parlamentario obliga a buscar apoyos en diversas bancadas.
En el transcurso de su entrevista, Cruset negó que una eventual oferta desde el Ejecutivo durante el periodo navideño fuera a cambiar la posición de Junts. Argumentó que la confianza se encuentra «agotada», y que la ruptura responde a una situación sólida y no reversible en tanto no haya señales contundentes de cumplimiento de lo pactado. Para el dirigente catalán, según recogió Europa Press, es el Partido Socialista el responsable de explicar ante la ciudadanía las consecuencias que podrían derivarse de la falta de entendimiento, incluidos los efectos sobre la estabilidad parlamentaria y la continuidad de la legislatura sin los apoyos necesarios.
Actualmente, el canal de contacto entre ambas formaciones políticas permanece sin actividad, según informó Europa Press, y Junts no contempla reactivar ninguna vía de diálogo mientras persista lo que la formación define como ausencia de gestos y avances por parte del Ejecutivo. Esta postura se mantiene inalterada desde el comienzo del periodo legislativo, según fuentes del partido citadas por el medio, y no han surgido señales oficiales que indiquen un posible giro a corto plazo.
En el plano legislativo, Junts ha optado por bloquear nuevas proposiciones presentadas por el Gobierno, mostrando disponibilidad solamente para dar trámite a las normas ya negociadas con anterioridad. En cuanto a la Ley de Multirreincidencia, a la que se refirió extensamente Cruset, la agrupación catalana buscará alianzas parlamentarias alternativas que le permitan superar el estancamiento de las relaciones con el Ejecutivo central.
Según recopiló Europa Press, Junts considera que la responsabilidad política por la falta de estabilidad gubernamental recae en el PSOE, que afronta tanto el posible rechazo al presupuesto como la necesidad de buscar apoyos adicionales para sostener la actual legislatura. El futuro de la agenda legislativa del Ejecutivo, en este contexto, queda supeditado a la evolución de los contactos políticos y a la posibilidad de que Moncloa retome el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos. La formación nacionalista insiste en que cualquier posibilidad de entendimiento está condicionada a que el Gobierno demuestre voluntad de cumplir íntegramente los acuerdos firmados, algo que, hasta el momento, consideran pendiente.