La Corte Constitucional dio el miércoles 3 de septiembre un importante paso hacia la resolución de los históricos conflictos de tierras en el país al avalar la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, una figura legal que se espera permita mejorar el acceso a la justicia de las comunidades rurales y campesinas.
La decisión fue un avance significativo en el proceso legislativo, aunque estuvo acompañada de un fallo que dejó fuera dos artículos del proyecto de ley y condicionó otros dos, lo que generó un debate sobre los límites de la reforma.
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El proyecto de ley, que fue promovido por el gobierno para atender los complejos problemas relacionados con la propiedad y distribución de la tierra, fue revisado por el alto tribunal luego de ser aprobado por el Congreso de la República.
La propuesta de establecer esta nueva jurisdicción tenía como objetivo principal garantizar la resolución de los conflictos agrarios, especialmente aquellos relacionados con la restitución de tierras y la restitución de derechos de las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado y la violencia.
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