La preocupación de los decanos de partidos judiciales como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca sobre la «falta de preparación» y las «carencias» identificadas en el proceso de implantación de los tribunales de instancia ha impulsado una petición al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que exhorte a las administraciones responsables a considerar una moratoria de seis meses antes de iniciar la tercera fase definitiva. Dentro de los motivos expuestos se incluyeron la dispersión de sedes, la insuficiente digitalización y las demoras en el nombramiento de letrados directores, factores que, a juicio de los decanos, podrían derivar en riesgos para la integridad de los expedientes y en dificultades para la coordinación y funcionamiento de los nuevos órganos, según detalló el medio Europa Press.
De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en una nota de prensa, el Gobierno central y las comunidades autónomas con competencias transferidas alcanzaron un acuerdo unánime para iniciar la última y tercera etapa de la puesta en marcha de los tribunales de instancia el 31 de diciembre, manteniendo cierta flexibilidad en la implementación. Esta decisión se tomó en la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada de forma telemática, con participación de las principales comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Según lo consignado por el Ministerio y replicado por Europa Press, la implementación abarcará la entrada en vigor de 100 tribunales de instancia en los principales partidos judiciales del país, como Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza. El acuerdo contempla que el inicio de operaciones en cada partido judicial será gradual y adaptado a las necesidades y a la carga de trabajo de cada zona, con la posibilidad de realizar ajustes cuando existan razones organizativas.
El Ministerio recordó que en la convocatoria previa de la Conferencia Sectorial, realizada el 12 de diciembre, ya había adelantado su voluntad de respaldar a aquellas comunidades que solicitasen una prórroga breve para culminar esta tercer fase. A la par, se acordó que las oficinas judiciales, encargadas de brindar soporte técnico a los tribunales de instancia en los grandes núcleos urbanos, comenzarán a funcionar también el 31 de diciembre, excepto en Oviedo, Gijón y Avilés, donde el arranque se fijó para el 15 de febrero, a fin de posibilitar los últimos ajustes técnicos.
La constitución de estos nuevos órganos judiciales forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, vigente desde abril, en la que ya se han puesto en marcha más de 300 tribunales de instancia en diferentes puntos de España. Según indicó el Ministerio en su nota de prensa recogida por Europa Press, el proceso se produjo “sin incidencias destacables”. Datos de los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia muestran una aceleración en la tramitación judicial; Andalucía redujo en un 69% las ejecuciones pendientes de admisión, Castilla-La Mancha en un 55%, Cataluña y Comunidad Valenciana en un 27% y la Región de Murcia en un 15%, logrando una media del 30% de reducción en las comunidades analizadas.
En el plano económico, Justicia informó que la inversión total supera los 325 millones de euros, provenientes de fondos europeos, destinados a las doce comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia.
Según publicó Europa Press, la Ley de Eficiencia contempla la obligación de agotar los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la mediación, en asuntos civiles y mercantiles antes de recurrir a la vía judicial. Esto coincide con los datos difundidos por el CGPJ, que indican que en el tercer trimestre de 2025 se presentó una disminución del 30,9% en el volumen de nuevos litigios civiles registrados en toda España. Entre los meses de julio y septiembre, los órganos judiciales recibieron 1.519.584 nuevos asuntos, equivalentes a un 12,5% menos que durante el mismo periodo de 2024. El descenso también impactó en la jurisdicción contencioso-administrativa, con una caída del 6,3%. Paralelamente, en las jurisdicciones penal y social, se observaron incrementos del 2% y del 1,2% respectivamente en la cantidad de asuntos nuevos ingresados. Los casos resueltos durante ese trimestre ascendieron a 1.517.664, cifra que representa apenas un 0,3% menos frente al tercer trimestre del año anterior.
El CGPJ, antes de la celebración de la Conferencia Sectorial, trasladó al Ministerio su preocupación por las carencias identificadas por los decanos de los principales partidos judiciales, según un comunicado recogido por Europa Press. El Consejo solicitó tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas responsables la puesta en marcha de medidas urgentes para evitar la pérdida de expedientes y retrasos en la tramitación, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y evitar perjuicios a los ciudadanos. El CGPJ también insistió en la necesidad de catalogar e identificar de manera precisa todos los procedimientos en curso, garantizando así el correcto traslado de los mismos desde los antiguos juzgados a las nuevas oficinas judiciales.
Los decanos destacaron como obstáculos persistentes la fragmentación de las sedes judiciales, la ausencia de sistemas digitales adecuados, el riesgo de pérdida de información allí donde no se han implantado los expedientes digitales, y la excesiva presencia de funcionarios interinos que, según indicaron, carecen de la formación precisa. También subrayaron el retraso en el nombramiento de los letrados directores, lo que según su análisis privó a los decanos de los interlocutores necesarios para una adecuada coordinación. Estas circunstancias, expusieron, afectarán a la ciudadanía y justificaron su solicitud de que se conceda una moratoria para asegurar el buen funcionamiento de la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia.
Los datos difundidos por Europa Press muestran que, pese a los avances y la inversión, persisten preocupaciones sobre la preparación y los recursos humanos necesarios para el nuevo modelo judicial, en especial en lo relativo a la digitalización y la estructura organizativa. El Ministerio expresó su disposición a acompañar y dar soporte técnico a las comunidades autónomas en la fase final de la instauración de estos órganos judiciales, con flexibilidad en plazos y en función de las necesidades detectadas en cada territorio.
Tanto la administración central como las autonómicas subrayaron la importancia de adaptar la entrada en funcionamiento de los nuevos equipos judiciales a las particularidades operativas y a las cargas de trabajo. Con la aplicación progresiva y la dotación de recursos adicionales, el objetivo común es consolidar una justicia más eficiente y reducir los retrasos en la tramitación de los asuntos, según se desprende de los acuerdos adoptados tras la Conferencia Sectorial, informó Europa Press.
