Según la documentación médica presentada en la Audiencia Provincial de Palma, la víctima principal ha requerido atención hospitalaria en diversas ocasiones por intentos de suicidio y autolesiones, de acuerdo con los peritajes incorporados al juicio. Dichos informes atribuyen directamente estos episodios a los años de abuso sexual y violencia familiar sufridos en el entorno paterno. En este contexto, el proceso judicial se centra en la evaluación de los daños irreversibles tanto en la víctima como en su hermano menor, cuyos efectos psíquicos y emocionales dominan el desarrollo de las audiencias. El padre de los menores enfrenta la petición de una condena de 36 años de prisión por parte de la Fiscalía, que lo acusa formalmente de tres delitos continuados de agresión sexual iniciados en 2010 y prolongados durante una década. Según publicó el medio, los hechos salieron a la luz tras la investigación iniciada con la denuncia de la menor en el año 2021.
De acuerdo con la información reportada por el medio, el caso toma como punto de partida la separación de los progenitores, que concluyó con la atribución de la custodia exclusiva al padre cuando la niña no había alcanzado aún los cinco años. El cambio en el modelo de convivencia supuso el inicio de una etapa caracterizada por episodios de violencia física, agresiones sexuales y limitaciones severas de libertad. La Fiscalía ha subrayado la persistencia de conductas abusivas en diversos domicilios de Mallorca entre 2010 y 2020, incluyendo tocamientos, violaciones, imposición de exhibiciones en ropa interior y el uso de objetos con carácter sexual.
El medio detalló que estas prácticas se realizaron tanto en la vivienda ocupada por la familia antes del divorcio como en el nuevo hogar que el acusado estableció después de comenzar una relación de pareja con otra mujer. La voz de la nueva pareja no aparece en los registros judiciales, aun cuando el patrón de violencia no cesó durante su presencia. El informe pericial, citado por el medio, precisa que el hermano menor fue testigo de varias agresiones sexuales y sufrió también maltrato físico por parte del progenitor.
La madre de los menores, cuya declaración abrió el proceso en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, sostuvo ante el tribunal que el miedo constante, el aislamiento social y la vulnerabilidad de sus hijos fueron factores que facilitaron la continuidad de los abusos y su ocultamiento. Según el relato reproducido por el medio, la madre recalcó que la dinámica de violencia mantenida por el acusado contribuyó decisivamente al silencio de las víctimas, quienes no lograron expresar ni denunciar la situación hasta una década después del inicio de los hechos.
Tal como consigna el expediente judicial consultado por el medio, el régimen de visitas autorizado tras la separación posibilitó que los dos hijos mantuviesen contacto regular con el padre. Esta vinculación se mantuvo tanto en el antiguo domicilio como en la nueva residencia familiar tras la separación del matrimonio, sin que la instauración de un nuevo núcleo familiar cambiara el patrón de comportamiento atribuido al acusado.
La investigación compilada en el proceso judicial documenta que las agresiones a la menor se sucedieron desde 2010, repitiéndose en 2012 y en varios períodos comprendidos entre 2015 y 2019. No se pudo determinar una frecuencia exacta, pero la reiteración de los actos quedó ampliamente establecida en la instrucción. El medio señala que la menor no desarrolló la capacidad de verbalizar lo ocurrido ni de denunciar los hechos hasta aproximadamente diez años después del inicio de los supuestos abusos. Primero, la víctima comunicó situaciones a su entorno cercano y más tarde, cuando tuvo la oportunidad de interactuar con equipos técnicos y profesionales del ámbito judicial, fue generando un relato completo y cronológico.
En una de las acciones más graves descritas en el expediente, y recogidas por el medio, el padre habría llevado a la menor en 2020 a un casino abandonado. Según la documentación, utilizó la fuerza física para consumar una violación en el interior de una furgoneta, tras haber cerrado la puerta del vehículo con llave. El mismo año, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, la situación de confinamiento impuesta por las autoridades supuso la prolongación del tiempo de convivencia con el acusado, contexto en el que –de acuerdo al relato judicial documentado por el medio– se produjeron nuevos episodios de abuso sexual.
Tras la irrupción de estos hechos y la comunicación a los servicios sociales y sanitarios, la menor inició un seguimiento médico continuado por conductas autolesivas e intentos reiterados de quitarse la vida. El equipo pericial encargado del caso, según las actas recogidas por el medio, atribuye estos síntomas directamente a la exposición prolongada a la violencia y el abuso en el ámbito familiar.
La intervención judicial comenzó formalmente en junio de 2020, cuando un juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Palma suspendió de manera definitiva las visitas paternofiliales. Hasta ese momento, subsistía un régimen de visitas que, según expone el propio expediente judicial citado por el medio, no logró detectar ni frenar la situación de riesgo y abuso.
El proceso penal en curso implica varias fases clave, incluyendo la toma de declaraciones de familiares, análisis detallado de los informes médicos y psiquiátricos, así como la valoración de la credibilidad del testimonio de la menor por parte de peritos expertos. Los jueces instruyen el caso revisando la cronología exacta de los hechos y evaluando la coherencia entre los relatos personales de las víctimas y la vasta documentación técnica y médica aportada.
El medio reporta que el expediente correspondiente recoge episodios ocurridos desde 2010 hasta 2021 e involucra la participación de diversas instituciones: servicios de protección de menores, organismos sanitarios y órganos del ámbito judicial, cada una con distinto grado de observación o intervención respecto a la dinámica familiar.
La denuncia definitiva, que condujo a la apertura del proceso penal y a la imputación formal, fue presentada ante la Policía Nacional en 2021. Desde la recepción de la denuncia, la investigación sumó diferentes peritajes, informes técnicos y testimonios para aclarar el impacto psíquico en las víctimas y documentar la secuencia de episodios denunciados.
En lo relativo a los antecedentes del acusado, la documentación judicial transmitida por el medio indica que en 2022 recibió una condena previa por lesiones infligidas a la menor. Sin embargo, las medidas de prisión preventiva por delitos sexuales quedaron establecidas recién con la apertura del procedimiento actual y la incorporación de nuevas pruebas y testimonios.
El juicio sigue adelante en la Audiencia Provincial de Palma con la intervención de peritos, familiares y especialistas que deben aclarar los hechos y contribuir a que el tribunal determine el grado de responsabilidad penal. La Fiscalía mantiene su petición de 36 años de prisión para el acusado, centrando su acusación en la gravedad, reiteración y consecuencias irreversibles de los hechos denunciados.
