Se licitará la terminal portuaria en un año y no en dos como querían las exportadoras. El rol de algunos directores en la ofensiva que reveló LPO dispara cambios.
El gobierno de Axel Kicillof licitará la terminal del Puerto Quequén en 2025 y logró frenar la avanzada de agroexportadoras que operan en el complejo portuario, las cuales pretendían una prórroga de dos años y remover al gerente general.
Pero la tensión sigue cruzando el clima interno del directorio portuario, donde en las últimas horas removieron a uno de sus miembros y se esperan más cambios. Uno de ellos, podría ser un golpe directo al gremio de los peones rurales, Uatre, que conduce José Voytenco.
La intención de las empresas de evitar que la Provincia licite en el corto plazo el elevador de granos y que, para eso, buscaba imponer tiempos y condiciones al amparo de una mayoría en el directorio, donde sumaba apoyo de representantes sindicales.
Fuentes consultadas aseguraron que buscaron concretar esa movida de forma relámpago semanas atrás en una reunión de directorio que, finalmente, fue suspendida por la cúpula.
Como reacción inmediata a esa presión subyacente, la titular del consorcio, la massista Jimena López, propuso sólo un año de prórroga y licitar en ese periodo, algo que Terminal Quequén S.A. (que tiene la concesión hace 32 años) aceptó a regañadientes.
Ahora, mientras se espera el cronograma de trabajo para la licitación, en el directorio se está produciendo una conmoción interna que ya generó la salida de Juan Franco Mancinelli, que tenía un asiento en representación del Centro de Navegación.
Según supo LPO, cuando la cúpula del consorcio suspendió la reunión de directorio donde Terminal Quequén buscaba avanzar con una prórroga de dos años en su concesión, Mancinelli insistió con una nota, reclamando una reunión urgente y alegando razones extraordinarias.
Mientras se espera el cronograma de trabajo para la licitación, en el directorio se está produciendo una conmoción interna que ya generó la salida de Juan Franco Mancinelli, que tenía un asiento en representación del Centro de Navegación.
Ese proceder de Mancinelli habría generado discordia dentro del Centro de Navegación, donde no habrían estado al tanto de esas acciones de su representante. No es un dato menor, los directores trabajan con mandato de las cámaras.
Otro directivo que habría reclamado una reunión urgente para estirar los plazos de licitación fue Mariano Daniel Carrillo, que ocupa un asiento por Uatre. En este caso, en sectores del puerto no solo cuestionan el rol de Carrillo sino también la presencia en el directorio del gremio que conduce Voytenco.
Sindicatos que operan en Quequén acusan que Uatre no tiene trabajadores dentro del predio portuario y, por lo tanto, no debería tener un asiento.
Este jueves, el Sindicato Único del Personal Aduanero hizo una presentación al ministro de Producción, Augusto Costa, pidiendo que se deje sin efecto la representación de Uatre en el Puerto de Quequén (ver abajo).
Según el texto al que tuvo acceso LPO y que lleva la firma del secretario Luis Gallardo, Uatre proporcionó «información que es errónea y confunde al Poder Ejecutivo» al decir que opera en el puerto a partir de tener trabajadores en el elevador de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
En ese punto, refutaron: «Ese elevador no se encuentra dentro de la jurisdicción del Consorcio».
El Sindicato Único del Personal Aduanero hizo una presentación al ministro de Producción, Augusto Costa, pidiendo que se deje sin efecto la representación de Uatre en el Puerto de Quequén.
Pero, además, el gremio de Aduaneros cargó contra Carrillo al acusarlo de nunca recibir a los trabajadores que se desempeñan en Terminal Quequén y de participar de manera remota de las reuniones de directorio.
«Prácticamente no ha tocado la superficie del Puerto Quequén y destacando que su domicilio es a más de 500 kilómetros del puerto», señalan los Aduaneros sobre Carrillo, que se radicó en San Vicente con su esposa, la diputada Natalia Sánchez Jáuregui, que responde a la conducción de Voytenco.
Por otro lado, fuentes del sector señalaron que está en riesgo la continuidad de Daniel Arce, que representa a la Cámara de Permisionarios y Concesionarios.
Arce tiene un asiento no solo en el directorio del consorcio portuario que tiene que definir el pliego de licitación del elevador de granos, sino que también es director de Terminal Quequén, que tiene actualmente la concesión.
Ese doble rol es el que también hace ruido en sectores de la Cámara de Permisionarios. Y eso se incrementó cuando se hablaba de un cambio de gerente general para que asuma Pablo Aued, un ex candidato de Cambiemos, cercano a Arce.
Ahora, con los cambios que ya se dieron y los que parecen asomar, se resquebraja el bloque de directores que venía tensando la relación con la Provincia y la cúpula del consorcio en medio de la discusión por la licitación de la terminal portuaria.
LPO contó que, además de Arce, otros de los directivos que se estuvo cerca de esas acciones fue Alejandro Gallegos, director de Relaciones Institucionales de Viterra, compañía controlada por la multinacional de capitales suizos Glencore. Viterra tiene el 20% de Terminal Quequén.
Estos movimientos de los directivos del consorcio en representación de las cámaras convulsionó internamente a Terminal Quequén y el tema se discutió en CIARA-CEC.
Ahora, con los cambios que ya se dieron y los que parecen asomar, se resquebraja el bloque de directores que venía tensando la relación con la Provincia y la cúpula del consorcio en medio de la discusión por la licitación de la terminal portuaria, un negocio que representa más de 8 millones de dólares anuales.
Por Damián Belastegui