El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha señalado que los procesos judiciales asignados al turno de oficio en la Audiencia Nacional exigen a los abogados una dedicación intensiva y el manejo de una gran carga documental y probatoria, situación que sumada a las condiciones económicas actuales amenaza la continuidad del servicio de defensa gratuita. De acuerdo con Europa Press, el ICAM ha advertido en los últimos días sobre el riesgo de colapso del sistema de Justicia Gratuita si no se abordan los desafíos planteados por la precariedad salarial y los elevados costes asociados a la labor de los letrados que actúan en este órgano judicial.
El medio Europa Press puntualizó que los traslados diarios a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares generan un gasto mensual que, según las estimaciones del propio Colegio, puede alcanzar los 152 euros únicamente en combustible, considerando los 66 kilómetros que separan el centro de Madrid de estas instalaciones jurídicas. Este importe se suma a los honorarios netos percibidos por procedimiento, que apenas llegan a los 244,95 euros una vez aplicados impuestos y retenciones, según los datos del ICAM citados por Europa Press.
El colegio profesional ha destacado que las condiciones existentes resultan particularmente preocupantes en las denominadas macrocausas, caracterizadas por abordar delitos complejos como narcotráfico, terrorismo o grandes fraudes económicos. Estos procedimientos suelen prolongarse durante meses o años y requieren análisis exhaustivos del material probatorio, incluyendo la revisión de grandes volúmenes de vídeos y documentos. En tales contextos, los abogados ejercientes llegan a percibir entre 0,10 y 0,20 euros por cada hora de trabajo efectivo, cifra calculada tras deducir los gastos asociados a la actividad profesional y el tiempo invertido en todas las fases del proceso, según precisó Europa Press.
El reclamo de los profesionales, canalizado a través de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), ha motivado la convocatoria para que los abogados renuncien de forma colectiva a la prestación del turno de oficio en la Audiencia Nacional hasta que se apruebe un sistema retributivo considerado adecuado. Este movimiento obtuvo el respaldo explícito del ICAM, cuyo decano, Eugenio Ribón, manifestó al medio Europa Press que la acción busca reivindicar la dignidad profesional del colectivo y proteger tanto la calidad del servicio como los derechos de los ciudadanos más susceptibles de vulneración.
Eugenio Ribón, citado por Europa Press, enfatizó que el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de los abogados, sino que repercute directamente en la calidad de la defensa judicial ofrecida a los grupos más necesitados, al tiempo que pone en cuestión la eficacia y la solvencia del propio sistema judicial. Además, el decano del ICAM recordó que el acceso al turno de oficio en la Audiencia Nacional conlleva un alto nivel de exigencia, ya que resulta obligatorio acreditar al menos 10 años de experiencia en el ejercicio profesional y completar cursos de especialización, requisitos que acentúan la paradoja de la escasa retribución frente a la magnitud de la responsabilidad asignada.
Según consignó Europa Press, la problemática originada por los actuales baremos económicos fue señalada por el propio ICAM como un síntoma del desajuste existente entre los niveles de exigencia requeridos por el Estado y la dotación efectiva de recursos, tanto económicos como organizativos, lo que compromete la preparación necesaria para una defensa adecuada, especialmente en causas de especial sensibilidad social y jurídica.
La protesta promovida por Altodo y respaldada por el ICAM fue trasladada, según detalló Europa Press, a las autoridades competentes, incluyendo a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia. El Colegio reclamó una intervención urgente por parte de la administración con el objetivo de evitar la paralización del servicio y preservar el funcionamiento de la Justicia Gratuita, considerado esencial para la preservación de los derechos fundamentales y la confianza ciudadana en las instituciones.
El ICAM reiteró, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el propósito de la renuncia colectiva de los letrados es alertar acerca de los efectos negativos que tendría la falta de medios para quienes dependen de una defensa jurídica subvencionada, particularmente en lo relativo a la garantía de derechos y la igualdad de acceso a la justicia. A juicio de este órgano colegial, la respuesta de la abogacía organizada subraya la relevancia estructural del servicio y la necesidad de garantizar no solo un marco retributivo suficiente, sino también el fortalecimiento de los recursos logísticos y materiales que exige el ejercicio profesional en procedimientos de alta complejidad, como los que se encauzan en la Audiencia Nacional.
El Colegio concluyó, según publicó Europa Press, que la sostenibilidad del actual sistema depende de la capacidad de las administraciones para dotar de mayor independencia y robustez a la Justicia Gratuita, recordando que lo que está en juego afecta no solo a unos profesionales sino a valores y pilares esenciales de la administración de justicia en su conjunto.
