La Agencia Europa para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) ha avisado este miércoles a los países de la UE de que derechos como el que prohíbe las devoluciones en caliente son «absolutos» por lo que «bajo ninguna circunstancia» pueden negarse a los migrantes que llegan de manera irregular a suelo comunitario, tampoco cuando las autoridades responden a un ataque híbrido por parte de terceros estados que facilitan el paso masivo ilegal para desestabilizar a la UE.
Así lo defiende la agencia europea en un informe publicado este miércoles sobre las restricciones temporales al derecho al asilo que la legislación comunitaria permite imponer a los Estados miembro cuando terceros usan la migración como arma de presión política hasta el punto de poner en riesgo «funciones esenciales» del Estado.
El documento advierte de que hay maneras «legales y legítimas» para combatir este tipo de ataques híbridos y pide por ello a los gobiernos europeos que pongan el acento en perseguir y castigar a quienes trafican con personas y no en el propio migrante.
«El uso de migrantes como instrumento político no es nada nuevo, pero las respuestas a este problema no deben eclipsar la realidad humana», ha pedido la directora de FRA, Sirpa Rautio, en un comunicado en el que insta a los países de la UE a dirigir sus medidas «contra los actores hostiles» y no «castigar a los migrantes y refugiados que están siendo utilizados y abusados por rédito político».
Además, Rautio ha denunciado que «algunas de las respuestas actuales a la instrumentalización pueden socavar la protección de los Derechos Fundamentales en las fronteras de la UE, incluido el derecho de asilo». «No deben convertirse en un modelo para el trato a todos los migrantes y refugiados que cruzan la frontera de manera no autorizada», ha zanjado.
En este contexto, la agencia europea insta a los gobiernos europeos a abordar esta forma de presión con medidas contra el tráfico ilegal de migrantes e «imponer sanciones» a los países «hostiles» que favorezcan estas prácticas ilícitas, así como exploras otras acciones como la restricción de visados a los responsables.
En todo caso, añade el documento, la Unión «no debe castigar» a quienes son víctimas de esa instrumentalización ni a las organizaciones humanitarias que las asisten.
También recalca que los países de la UE tienen la «obligación» de atender a los migrantes que lleguen en condiciones irregulares con «humanidad» y garantizar su acceso a los procedimientos de asilo para atender sus solicitudes, aún bajo el nuevo Pacto de Migración y Asilo que una vez entre en vigor dará a los gobiernos más tiempo para registrar y procesar las solicitudes de asilo en frontera.
Advierte, además, del riesgo de que se «difuminen los límites» entre las medidas de gestión de fronteras, que se aplican bajo el Derecho comunitario, y la «militarización» de las fronteras, con acciones militares que, en gran medida, escapan del alcance del Derecho europeo. Toda acción relacionada con la atención de migrantes y refugiados debe cumplir con lo establecido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y diluirlo con acciones militares puede «socavar» la protección de derechos, defiende la FRA.
