La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que asegura que la «intención» del Gobierno de «salvaguardar la independencia» de las asociaciones de jueces «esconde el objetivo contrario: limitar» su «actuación».
En una misiva de ocho páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press, la AJFV da la contrarréplica a la carta que Bolaños remitió a las asociaciones de jueces y fiscales el pasado 22 de mayo. «Entendemos que las alegaciones que realizamos no se han tenido en consideración», lamenta la AJFV.
Este intercambio epistolar se enmarca en la polémica respecto a las reformas de las carreras judicial y fiscal, así como del Estatuto del Ministerio Fiscal. La asociación muestra en su carta su «frontal rechazo» respecto a una serie de medidas que consideran «susceptibles de mejora».
En cuanto a las fuentes de financiación de las asociaciones judiciales, la AJFV considera que «no se refuerza la independencia limitando» las mismas, «sin contemplar incremento de las permitidas». «El incremento de cuotas de asociados desincentiva la asociación. Y el incremento de subvenciones públicas no se prevé. La independencia judicial reside en los jueces y magistrados, no en sus asociaciones, cuyos fines son la defensa de los intereses profesionales y los valores constitucionales», apunta.
En este sentido, la AJFV denuncia que «imponer restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales no es garantía de independencia, sino una clara limitación de su capacidad operativa». «Esta medida afecta la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación, con todo lo que ello supone», afea.
Para la asociación, «es evidente que la intención declarada de salvaguardar la independencia esconde el objetivo contrario». «Limitar nuestra actuación», concluye.
UNA «ANOMALÍA QUE AFECTA A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL»
En lo referido a la elección de órganos de gobierno, la AJFV sostiene que este Ejecutivo «y los que le han precedido coinciden en mantener un sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se ha demostrado contrario a las recomendaciones» y a los estándares europeos.
«No parece suficiente esta anomalía que afecta a la independencia judicial, puesto que se proyecta restringir aún más la representación de la carrera en sus órganos de gobierno interno. Así, en la elección de miembros a Sala de Gobierno de TSJ, ya limitada a miembros electos, puesto que los natos son cargos de designación discrecional, se prohíben las candidaturas conjuntas y se establece que los electores podrán votar a un solo candidato», expone la asociación.
En cuanto a la reforma que «modifica profundamente los procesos de selección y acceso» a la carrera, «afectando a competencias del Consejo General del Poder Judicial», la asociación cree que «no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, al tiempo que rebaja la garantía de excelencia».
La AJFV también se refiere al proceso de regularización de jueces sustitutos. «En este apartado, desde su enunciado, se incurre en contradicciones e interpretaciones sesgadas de la fundamentación que se aduce. No se garantiza que sea extraordinario, por cuanto que se sigue abusando de la temporalidad, posibilitando en el futuro nuevos procesos de la misma naturaleza», alerta.
La asociación cree que «la oportunidad de acceso a la carrera judicial y fiscal por parte de estos profesionales debe ser a través del turno libre, o por un concurso-oposición con garantías, al igual que el resto de licenciados y profesionales jurídicos». «Evitar una eventual sanción por incumplimiento de Derecho de la Unión Europea pasa por no reincidir en el abuso de temporalidad y regularizar a los ya afectados en el ámbito que les corresponde, sin vulneración de garantías y principios constitucionales», apostilla.
«RIESGO DE CONTROL IDEOLÓGICO»
En lo relativo a que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en un centro público de preparación de oposiciones, la AJFV cree que «la asunción de competencia en materia de capacitación o preparación, además de la concesión de becas, al menos en lo que respecta a las carreras judicial y fiscal, supone un riesgo de control ideológico o, cuando menos, cuestionable desde el prisma del principio de separación de poderes».
En esta línea, opina que «la actividad y desarrollo de la preparación de las oposiciones, si se considera de interés regular esta materia, debería encomendarse a autoridad u órgano plenamente independiente».
En cuanto a la pretendida pluralidad en la Comisión de Ética Judicial, la asociación sostiene que la «inclusión de 4 de los 9 miembros designados por las Cortes Generales convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas, con riesgo de su politización, deslegitimando su función».
La misiva también se refiere al cumplimiento efectivo del porcentaje de cuarto turno y reconocimiento de cinco años de servicios. «En el proyecto no existe el cuarto turno, sino concurso-oposición, pretendiendo ahora reservar, no ya 1 de cada 4 plazas de magistrado, sino un mínimo de 1 de cada 3 de las convocadas por el turno libre, dejando así a criterio político lo que en la práctica puede suponer convertir esta forma de acceso en principal, en detrimento del turno libre y de los que por él acceden con plena legitimidad», alerta.
A FAVOR DE LAS BECAS SERÉ
Por otro lado, y en cuanto a la creación del cuarto turno de fiscales, la AJFV apunta que «equiparar en rebaja de garantías a ambas carreras no es plausible». «Y reiterar que no es cuarto turno, sino como mínimo tercero, al reservarse una de cada 3 plazas convocadas, sin tope máximo», añade.
La asociación señala que la supresión de la fase de sustitución y refuerzo es una medida que había sido demandada desde que se implantó». «Y lo celebramos», asevera. Lo mismo ocurre con respecto a las Becas SERÉ, destinadas a garantizar la igualdad en el acceso a la carrera. «Esta medida adecuadamente implantada cumplirá su finalidad», asegura.
Por último, la AJFV se refiere a la eliminación del concurso forzoso. «Ya mostramos nuestra oposición a esta medida, contraria a las exigencias de conciliación. No obstante, no se suprime, sino que no se proyecta implantarla, por cuanto que no se contempla en la regulación vigente», concluye.
