La Guardia Civil ha detenido este jueves al empresario Álvaro Romillo, que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN) que le investiga por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), ya que ha apreciado riesgo de fuga.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez José Luis Calama decreta la «inmediata detención» de Romillo –alias ‘CryptoSpain’– para «prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia» y «asegurar» su puesta a disposición judicial este viernes, cuando ya estaba citado a declarar como imputado en la causa.
Tiene en cuenta «la gravedad de los hechos y penas a ellos inherentes, la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero» por parte del empresario y «la contundencia de las evidencias de que lideró su comisión».
Calama señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria le han remitido esta semana dos informes que «ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad».
Según el juez, el empresario desarrolló un «negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio» aprovechando «su popularidad en redes sociales, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a través de la plataforma digital MIC, que se promocionaba en internet como ‘un club privado de inversión’, cuyo objetivo es ‘obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual’, movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito».
«Una gran parte de las cantidades recibidas eran ingresas por los denunciantes en una cuenta bancaria de la mercantil portuguesa Sabrosso LDA», detalla.
El juez indica que, a través de los canales de cooperación policial, la Policía de Singapur ha comunicado que detectaron que entre julio y agosto de 2024 una cuenta recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas, comprobando al respecto que pertenecen a dos españoles, uno de ellos Romillo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 considera que los presuntos hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal y blanqueo de capitales.
INVESTIGACIÓN AMPLIADA HASTA 2026
Calama amplió hasta 2026 el plazo para investigar, dado el «carácter complejo» de la causa, apuntando que la infraestructura de la presunta organización criminal «incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países», según plasmó en un auto.
«Siendo que las diligencias de investigación acordadas hasta el día de hoy, resultan complejas y extensas en relación tanto con los aspectos empresariales, como con los movimientos efectuados por los investigados, lo que conlleva que las diligencias de investigación se encuentren en un estado incipiente», añadió.
Romillo también está investigado en el Tribunal Supremo pero por la presunta financiación ilegal del partido de ‘Alvise’. El empresario confirmó en el alto tribunal lo que ya le dijo a Calama, que entregó 100.000 euros a ‘Alvise’ para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas. Por su parte, el político reconoció haber recibido el dinero por dar una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.
La Policía Nacional aseguró en un informe que el dinero que recibió el eurodiputado por parte de Romillo fue para «financiar parte de la campaña electoral» y vio «evidente» que buscaba «fondos opacos».
La causa sobre MIC se abrió el pasado año en la Audiencia Nacional tras diversas denuncias y miles de afectados a los que representan, entre otros, el despacho Aránguez Abogados, que sostiene que el empresario «alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas».
Según la UCO, la plataforma de inversiones MIC llegó a recaudar más de 260 millones de euros, una cifra supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y ‘startups’.
