El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha propuesto llevar a juicio al gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks, el activista y periodista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática.
En su auto de pase procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el juez instructor envía a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por haber presuntamente entregado a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre Assange y otras personalidades.
Pedraz, que le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.
Señala que la empresa, con Morales como gerente y «máxima autoridad», fue contratada por Ecuador como consecuencia de la «sensible situación» que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.
El juez detalla que los servicios prestados consistieron en «garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente», así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.
GRABACIONES DE REUNIONES «CONFIDENCIALES» Y PARA «LOS AMIGOS DE EEUU»
Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones «confidenciales» que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).
Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo (‘streaming’) para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.
A su entender, Morales «pretendía abrir dos canales de ‘streaming’ para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para ‘los amigos de Estados Unidos'».
El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales «efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos», canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.
