La República Argentina presentó esta tarde dos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, en los que menciona la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si no suspende, antes del 14 de julio, el fallo de primera instancia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación del 2012.
Así consta en los escritos presentados por los abogados del país en la Corte de Apelaciones a los que accedió Infobae en exclusiva. “El gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional en todas las instancias posibles”, dijeron fuentes oficiales.
La Argentina presentó este 9 de julio una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska, del Segundo Circuito de Manhattan, que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado.
El requerimiento se hizo en la Corte de Apelaciones sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal del Gobierno para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al país.
“Asimismo, en defensa de la soberanía y de los intereses del país, se acaban de presentar esta tarde, ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, los pedidos de suspensión de dicha orden. En ambos escritos se menciona que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si la Cámara de Apelaciones no suspendiera la orden antes del lunes 14 de julio”, explicaron fuentes argentinas.
Los argumentos de la Argentina
En la presentación efectuada en el caso “Burford Capital/Eton” se destacan los siguientes argumentos, según consta en el escrito:
• «Violación del derecho internacional y de la FSIA: la orden de entrega de las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional».
• «Conflicto con el derecho argentino y afectación a la soberanía: la orden obliga a Argentina a actuar en violación de su propia ley (que prohíbe la transferencia de las acciones sin una mayoría calificada del Congreso) o modificar su legislación, afectando gravemente su soberanía y generando un precedente de injerencia judicial sin precedentes».
• «Daño irreparable para el país: de ejecutarse la orden, Argentina perdería el control mayoritario sobre su principal empresa energética, lo que serios daños al país y a YPF».
• «Falta de perjuicio para los demandantes: los actores no sufrirían ningún daño con una suspensión, ya que las acciones no pueden transferirse sin la aprobación del Congreso argentino».
• «Apoyo del gobierno de EE.UU.: el Departamento de Justicia estadounidense respaldó la posición de Argentina mediante una Declaración de Interés, advirtiendo que la orden viola principios fundamentales de inmunidad soberana y puede afectar relaciones exteriores e intereses diplomáticos».
• «Interés público y orden económico: la suspensión protege a YPF, a sus accionistas minoritarios, empleados, provincias productoras de hidrocarburos y la economía argentina en general. También evita que un tribunal de EE.UU. intervenga de forma apresurada y sin precedentes en la estructura soberana y económica de un Estado extranjero».
En la presentación efectuada en el caso “Bainbridge” se destacan los siguientes argumentos, según consta en el escrito:
• «Ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial: la orden de entrega de las accionse es inédita e ilegal porque exige transferir desde Argentina a EE.UU. acciones del Estado en YPF, en violación del principio básico de la FSIA que limita la ejecución a bienes del Estado extranjero ubicados y usados con fines comerciales en EE.UU».
• «Grave e irreparable perjuicio: la entrega de las acciones Clase A de YPF, que otorgan derechos exclusivos de control estatal (como vetos y aprobación de operaciones estratégicas), causa un daño institucional irreparable a la República, distinto y más severo que el del caso Burford».
• «Ausencia de perjuicio para Bainbridge: la suspensión no causa daño al fondo demandante, ya que las acciones seguirán inmovilizadas debido a restricciones legales argentinas (requieren ley del Congreso para su transferencia) y la propia orden judicial prohíbe cualquier cambio no autorizado».
• «Probabilidad de éxito en la apelación: ningún tribunal estadounidense había ordenado antes la ejecución sobre bienes soberanos localizados en el extranjero, y todos los precedentes de Cortes de Apelaciones exigen que los bienes estén en EE.UU. para ser ejecutables».
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