Quedará para la anécdota familiar constatar si finalmente Luis Caputo, ministro de Economía, se comunicó al menos por teléfono con su primo hermano y dueño de Mirgor, Nicolás Caputo, con el que además se lleva bien, para anticiparle que tomaría una de las medidas más resistidas por las empresas electrónicas de Tierra del Fuego. Dicen que la semana pasada tenía prevista una conversación. Si la hubo o no, lo concreto es que la decisión sorprendió al menos al resto del sector: el Gobierno bajará desde la semana próxima aranceles a la importación e impuestos internos para esos productos en todo el país, algo que supone un golpe a la industria fueguina, cuyo régimen de promoción le da desde 1972 una ventaja comparativa sobre el continente.
“Nos mató”, dicen que dijo el empresario, cuyos ejecutivos pasaron esta semana, igual que los de Newsan, de Rubén Cherñajovsky, por el Palacio de Hacienda para ponerse al tanto de la nueva normativa y, de ser posible, intentar atenuarla. Difícil, porque el Gobierno se cuidó de restarle fuerza al argumento que las empresas y el gobernador Gustavo Melella suelen dar sobre los derechos adquiridos: no tocó una coma de los beneficios del régimen, pensado para extenderse hasta 2038 y prorrogable por otros 15 años si sigue el esquema de Manaos en Brasil, pero tomó decisiones sobre lo que pasa en el resto del país, donde bajó aranceles e impuestos internos. No eliminó el régimen fueguino: le restó atractivo.
La sorpresa del caso fue el artículo elegido para eliminar el arancel a cero desde el 15 de enero: los teléfonos móviles, producto estrella de la isla desde 2011. Ese año fue un punto de inflexión: la administración de Cristina Kirchner decidió incorporar al régimen fiscal y, al mismo tiempo, subir impuestos internos sobre esos móviles que, hasta ese momento, llegaban desde Manaos. Eso hizo explotar la producción.
Sin quejarse demasiado en público, y mientras expresan malestar en conversaciones privadas con funcionarios, dentro de las empresas admiten que ven casi imposible que el Gobierno se digne a revocar la medida. ¿Quién daría marcha atrás con algo que, en año electoral, abarata en magnitudes astronómicas un precio de consumo masivo? En las electrónicas ensayan números, escenarios y posibilidades de adaptarse. Es una preocupación que comparten con los sindicatos, que irán a un paro el miércoles, y con el gobernador, que anunció sus pretensiones de ir a la Justicia y debe ahora a pensar en ampliar la capacidad productiva de la isla para los casi 5000 empleos que estarán en peligro.
Melella se enteró de la iniciativa por los medios, cuando ya no había posibilidades de nada. Incluso el Fondo para la Matriz Productiva (FAMP), un fideicomiso creado para promover actividades fueguinas por fuera del régimen y al que contribuyen las compañías beneficiarias, es ya una alternativa cuyo manejo perdió en febrero, por un decreto de Caputo: las decisiones están ahora en la órbita del Ministerio de Economía.
Es inevitable un conflicto. Para el gobierno nacional el desafío es que la isla no se convierta en un páramo como aquellas ciudades del interior de las que se fue la inversión petrolera y donde crecen la delincuencia y las adicciones. En Tierra del Fuego volverá sin dudas a discutirse un proyecto que se frustró en 2021 por votación unánime de la Legislatura, la producción de salmones en el Canal de Beagle. Un momento épico para ambientalistas que, apuntalados por Greenpeace, la Fundación Rewilding Argentina y caras visibles de chefs como Narda Lepes o Francis Mallmann, lograron frenar un negocio que del otro lado de la Cordillera, en Chile, genera casi 6500 millones de dólares de exportación por año. “Quiero dejarles el mensaje a mis hijos de que su papá se comprometió con lo que les iba a pasar”, dijo entonces el legislador radical Federico Sciurano antes de votar. La discusión había surgido por proyectos de capitales noruegos y rusos que entonces miraban el puerto de Almanza, ubicado sobre la costa este del Canal de Beagle, a 75 km de Ushuaia. Ya hay al menos dos borradores para reavivar el debate legislativo.
En la oposición acusan al Gobierno de haber dado el paso por razones electorales. En el Palacio de Hacienda afirman que los motivó ver un monitoreo propio de precios con una brecha excesivamente alta entre los teléfonos locales y los extranjeros. Para Milei es una triple carambola. Por un lado, la medida pone al menos en duda una vieja sospecha que esta semana repitió Elisa Carrió en TN, delante de la imitación que hace Ariel Tarico del Presidente y que señala a las electrónicas como aportantes de la campaña de La Libertad Avanza. Lo han hecho siempre con varios candidatos en simultáneo.
Pero además es una idea que podría ubicarse dentro de lo que los libertarios llaman “batalla cultural”. Habrá que habituarse a otras este año. Vienen al menos dos: un proyecto para cambiarle el nombre al Espacio de la Memoria, la ex-ESMA, y otro para terminar con las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial. Y, en tercer lugar, el Gobierno logra con este avance darle a la economía una dinámica de mayor competencia.
Es su gran objetivo. No le será sencillo porque la estructura productiva argentina está en muchos rincones dispuesta en sentido contrario. Si Milei tiene éxito con la caída en la inflación, el sector privado deberá habituarse a competir por volumen, no por precio, y a obtener márgenes de rentabilidad mucho más reducidos y acordes con los de las economías abiertas. Un informe de la consultora Abeceb, de Dante Sica, lo muestra sobre un conjunto de empresas seleccionadas: en 2018, uno de los pocos años sin cepo desde 2012, la rentabilidad era del 6,3%, y desde entonces fue subiendo hasta llegar en 2022 a un pico de 14,5%. Son márgenes infrecuentes en el mundo desarrollado: único atractivo para invertir en un país que hasta el 14 de abril impedía enviar dividendos a las casas matrices. Un clásico de las economías cerradas. En 2014, dos años después de instalado el cepo, la rentabilidad llegó a ser del 15,9 %.
Funcionar con márgenes más estrechos obliga en cambio a mejorar la productividad. A discutir eficiencia y estructuras de costos. Diego Marcantonio, CEO de Cencosud, planteó esta semana, durante un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina con Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, todos los reparos que las cadenas de supermercados tienen con la paritaria del comercio, en la que el Ministerio de Trabajo intenta desde hace unos días intervenir. Lo escuchaban Luis Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó, Federico Braun, Cristiano Rattazzi, Alberto Hojman, Alejandro Bulgheroni y Carlos Miguens. ¿Cómo crear riqueza y, al mismo tiempo, mejorar salarios que están en alrededor de un 20% abajo respecto de 2017 para toda la economía? He ahí el tamaño del problema.
Será, si sale, un proceso largo y no exento de tensiones. Hay modelos de negocios que deberán modificarse. John Deere, por ejemplo, viene de un semestre extraordinario en ventas de consechadoras y sembradoras que probablemente no se repita por una medida que, en simultáneo con la negociación por los aranceles con la Casa Blanca, acaba de tomar Federico Sturzenegger: la simplificación para la importación de maquinaria de segunda mano. Esos bienes de capital podrían entrar ahora a precios que a veces oscilan en torno a los 150.000 dólares, la mitad del valor de las usadas de acá, y obligará seguramente a concesionarias y fabricantes a abaratar también los 0 km.
Milei se propone cambiar estos viejos hábitos ante un establishment que celebra su programa “de estabilización”, pero que le reclama al mismo tiempo uno “de desarrollo”. Casi una ofensa para quien cree que el Estado no tiene por qué dirigir los destinos de los inversores. Es una carrera contra el tiempo porque las herramientas para conseguir competitividad sin devaluar están todavía lejos: reforma laboral, tributaria, previsional, todas iniciativas que requieren del Congreso. Por ahora, el Poder Ejecutivo solo tiene a mano el decreto 70 y la Ley Bases.
Quienes han pasado años en oficinas del Estado dicen que todo cambio regulatorio tiene en la Argentina la velocidad de su órgano más lento, el Senado. Es ahí donde, antes de levantar la mano, cualquier legislador consulta primero con el gobernador o los referentes locales de cada sector. Las provincias son conservadoras. Milei necesita hacerlo rápido porque, incluso si consiguiera eliminar por completo la inflación, en algún momento el electorado incorporaría esos logros como derecho adquirido. Debe modificar estructuras que, como el régimen de Tierra del Fuego, han crecido bajo la convicción de que la alternativa era el abismo. El tiempo dirá cuánto hay ahí de leyenda, miedo, intereses y realidad.
