Madrid, 30 may (EFE).- La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a siete años y cuatro meses de prisión a seis hijos del empresario fallecido José María Ruiz Mateos «por delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes», en una sentencia sobre el conocido ‘caso Nueva Rumasa’.
En concreto, se trata de los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos, según la sentencia.
A estas condenas hay que sumar la del también miembro de la familia Zoilo Pazos Jiménez (seis años y cinco meses de prisión por delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes) y la del colaborador José Ramón Romero López (seis años, tres meses y 15 días de prisión por delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública).
La AN también incluye penas para el empresario Ángel de Cabo Sanz (5 meses y 15 días de prisión por delito de alzamiento de bienes) y para Fernando Juan Lavernia Sanchís e Iván Manuel Losada (3 meses y 1 día de por alzamiento de bienes, respectivamente).
Por el contrario, han sido absueltos Alfonso Barón Rivero, Manuel Sánchez Marín, Ricardo Álvarez Castaño y Rufino Romero de la Rosa.
El juicio del caso Nueva Rumasa se inició el pasado 28 de enero.
El caso se remonta a 2009-2011, cuando la empresa familiar presidida por José María Ruiz-Mateos (fallecido en 2015) presuntamente ideó un sistema «piramidal» a través de la emisión de pagarés, que le permitió captar -sin desvelar la delicada situación financiera del grupo- 337 millones de euros aportados por 4.100 particulares.
De esa cantidad, la empresa dejó sin devolver 289 millones, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción de 2017.
El caso reúne las denuncias de 1.409 perjudicados por la caída de Nueva Rumasa, que reclaman un total de 171 millones de euros.
La tesis de la Fiscalía era que los fondos captados «fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían en función de las necesidades» del grupo, aunque también se sufragaban con este dinero «cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar».
Nueva Rumasa estaba constituida por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil, según la información aportada por la Fiscalía en el caso.
Entre ese cúmulo de sociedades había algunas productivas en el sector agroalimentario y hotelero, y otras sociedades instrumentales o meramente patrimoniales, la mayoría radicadas en Belice, según el Ministerio Fiscal.
El documento de la Fiscalía incluía una lista de 58 empresas del entorno de Nueva Rumasa, entre las que se encontraban Carnes y Conservas Españolas, grupo Dhul, Clesa, Bodegas Teresa Rivero y Cacaolat. EFE