La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado este miércoles una modificación de la ley antiterrorista del año 2000 para declarar al grupo Palestine Action como organización terrorista, que a mediados de junio reivindicó el allanamiento de una base militar de la Fuerza Aérea en Oxfordshire, Inglaterra, convirtiendo en un delito castigado con hasta 14 años de prisión ser miembro del movimiento o expresarle apoyo.
Tras haber pasado por la cámara baja del Parlamento británico con un apoyo abrumador –385 votos a favor frente a 26 en contra–, la orden requiere la aprobación de la Casa de los Lores –lo que está previsto que acontezca este jueves–, para posteriormente ser rubricada por la ministra del Interior, Yvette Cooper, por lo que se espera que la modificación entre en vigor a finales de esta semana, según ha recogido la BBC.
La medida se ha empezado a tramitar después de que la organización reivindicase a mediados de junio el allanamiento de una base militar de la Fuerza Aérea en Oxfordshire, Inglaterra, en la que varios activistas realizaron pintadas en aviones de combate, lo que acabó on la detención de cuatro de ellos.
Además, cuatro personas han sido arrestadas en la respuesta organizada por Palestine Action frente a Westminter como reacción a la medida aprobada por la cámara baja, entre ellas un hombre por «bloquear con su ‘scooter’ las puertas de Downing Street para personas con movilidad reducida» y una mujer por intentar encadenarse a una de las entradas del edificio, según ha indicado la Policía Metropolitana.
POLÉMICA POR LA AGRUPACIÓN CON DOS ORGANIZACIONES RACISTAS
Junto con el grupo propalestino, la modificación aprobada por la cámara baja autoriza la ilegalización de dos organizaciones supremacistas blancas, la neonazi Maniacs Murder Cult y la etnonacionalista Movimiento Imperial Ruso.
A este respecto, Palestine Action ha denunciado que la ministra de Interior haya «agrupado a nuestro grupo de protesta de desobediencia civil nacional con dos milicias violentas neonazis». «Muchos diputados nos han dicho que, como consecuencia, sentían que no tenían la opción de votar en contra de la medida», ha asegurado la organización a la BBC.
El movimiento, no obstante, ha mostrado seguridad en «que esta orden ilegal será revocada», tras haber logrado una vista en el Tribunal Superior de Londres, que se celebrará el viernes, a fin de intentar bloquear temporalmente la aprobación de la medida, al tiempo que valora emprender más acciones legales al respecto.
EL MINISTRO DE SEGURIDAD RESTA CUALQUIER LEGITIMIDAD AL GRUPO
La votación comenzó después de la presentación de la medida realizada por el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, que ha afirmado que la atención pública suscitada por el grupo «no debe confundirse con legitimidad».
«Sus métodos se han vuelto más agresivos y sus miembros han demostrado su disposición a recurrir a la violencia», ha denunciado, afirmando también que «sus objetivos se han ampliado para incluir empresas financieras, organizaciones benéficas, universidades y edificios gubernamentales».
La diputada conservadora Harriet Cross, por su parte, aseguró que el grupo «no tiene nada que ver con la protesta legítima» y «no se enfrentarían a la proscripción hoy si se manifestaran de forma pacífica, respetuosa o legal».
En cambio, entre los diez diputados laboristas que han votado en contra la medida, Clive Lewis ha remarcado que las actuaciones de Palestine Action se enmarcaban dentro de «una acción directa (…), no de una acción terrorista». Adicionalmente, su compañero de partido Richard Burgon ha advertido de que la legislación corre el riesgo de «criminalizar a miles de voluntarios y simpatizantes», entre ellos «estudiantes, enfermeras, jubilados y profesionales».
En respuesta a la votación de la Cámara de los Comunes, la directora de Human Rights Watch en Reino Unido, Yasmine Ahmed, ha denunciado que la proscripción de Palestine Action era «un grave abuso del poder estatal y una escalada aterradora en la cruzada de este Gobierno para restringir los derechos de protesta», algo que esperaría «de regímenes autoritarios como Rusia o China, no de un país como Reino Unido que profesa creer en las libertades democráticas».
