Un punto central en la nueva legislación se enfoca en el endurecimiento de los castigos para quienes integran grupos calificados como organizaciones criminales ultraviolentas. Estas estructuras, según lo aprobado, pueden recibir penas que oscilan entre veinte y cuarenta años de reclusión por el delito de Dominio Social Estructurado, una figura introducida por la Cámara de Diputados de Brasil al modificar el proyecto, tal como reseñó el diario brasileño ‘Folha’. Dicha legislación, que fue debatida intensamente y objeto de múltiples negociaciones, fue finalmente aprobada este martes con 370 votos favorables y 110 en contra. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva había enviado inicialmente la propuesta bajo otros términos, pero no consiguió retrasar la votación ni evitar que la oposición y sectores del propio Parlamento añadieran elementos que contradicen los objetivos originales del Ejecutivo.
Según informó ‘Folha’, el objetivo inicial del Palacio del Planalto consistía en modernizar el marco jurídico para combatir de manera más eficiente las denominadas “facciones”, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo. Estos grupos han sido protagonistas de hechos de violencia extrema, como la operación policial realizada a finales de octubre en Río de Janeiro, que resultó en 121 fallecidos y fue señalada como la intervención más letal en la historia de la ciudad. La propuesta oficial buscaba reforzar las herramientas legales y judiciales orientadas a desmantelar la estructura operativa de estos colectivos delictivos.
Dentro de las enmiendas más relevantes, el ponente Guilherme Derrite —diputado del partido Progresistas y exintegrante de la policía militar— estableció una distinción en el texto para organizaciones que emplean violencia, amenazas graves o coacción con el fin de ejercer control territorial o social, intimidar a las autoridades o a la ciudadanía, o atentar contra infraestructuras y servicios esenciales. El cambio más notable es la creación de la ley específica para organizaciones criminales ultraviolentas, que hasta ahora no existía en la legislación brasileña, y que amplía las posibilidades de actuación de la justicia ante fenómenos de violencia organizada.
En cuanto a los agravantes, el documento aprobado establece que las penas pueden incrementarse entre un cincuenta y un sesenta y siete por ciento si se constatan elementos como el liderazgo dentro del grupo, el uso de tecnologías avanzadas o el reclutamiento de menores de edad, llegando a dictaminar sentencias de hasta sesenta y seis años de prisión. Según detalló ‘Folha’, se trata de un cambio importante respecto al texto original, que no contemplaba esta amplitud en la severidad de las condenas ni la especificidad en los factores agravantes relacionados con la digitalización o la captación de jóvenes.
El nuevo articulado también incorpora el delito de apoyo al Dominio Social Estructurado, una categoría que abarca acciones tales como brindar refugio, facilitar armas o proveer información logística a las bandas, así como incitar a terceros a la comisión de delitos. Esta figura está castigada con penas de hasta veinte años de reclusión, un aumento considerable respecto a la normativa anterior. La medida busca ampliar la capacidad de respuesta frente al apoyo indirecto o logístico que permite la supervivencia y expansión de las redes criminales y milicias armadas.
La tramitación de la ley fue escenario de enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, reflejando posturas enfrentadas respecto al alcance y métodos en la lucha contra el crimen organizado. Conforme a lo recogido por ‘Folha’, las deliberaciones estuvieron marcadas por intentos del Ejecutivo de demorar la aprobación para rediscutir los cambios, sin lograr su cometido debido al apoyo mayoritario con que contaron las modificaciones impulsadas por la Cámara Baja.
El paso siguiente corresponde al Senado, donde el proyecto será evaluado y podrían implementarse nuevas modificaciones. Si eso ocurre, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su validación definitiva. Según lo acordado, este mecanismo de revisión tiene como objetivo asegurar una mayor legitimidad y control en la confección final de la norma.
Tras la aprobación, el presidente de la Cámara, Hugo Motta, defendió la labor parlamentaria al sostener que la función del Congreso no consiste en validar sin más los proyectos enviados por el Ejecutivo, sino en analizarlos y modificarlos cuando lo consideran necesario. Motta manifestó: “Estoy seguro de que el texto aprobado hoy es la mejor versión para enfrentar el crimen organizado”, y destacó el rol desempeñado por el diputado Derrite en la elaboración de los cambios, según citó ‘Folha’.
La propuesta inaugurada por el Gobierno de Lula da Silva aspiraba a actualizar el marco legal ante nuevos desafíos criminales, poniendo especial énfasis en el combate a las organizaciones conocidas por su capacidad de violencia y control social. Al afrontar modificaciones sustanciales por parte del Parlamento, la versión finalmente aprobada dista de la planteada por el Ejecutivo, tanto en la definición de los delitos como en la severidad de las sanciones y la incorporación de agravantes ligados a fenómenos recientes dentro de la criminalidad organizada en Brasil.
Según destacó ‘Folha’, las organizaciones criminales mencionadas —PCC y Comando Rojo— han estado en el centro del debate público debido a su expansión nacional y su influencia dentro y fuera de los recintos penitenciarios, tema que motivó parte del enfoque adoptado en la nueva legislación. El proyecto establece, así, nuevas herramientas legales específicas frente a bandas armadas, milicias o redes con estructura paramilitar, al diferenciar entre tipos de organización y funciones internas, y aumentando la gravedad penal para quienes ejercen liderazgo o captan menores.
El proceso de discusión también dejó en evidencia la intención del Legislativo de ejercer un contrapeso al Ejecutivo en materia de seguridad pública, según han interpretado varios observadores a partir de la cobertura de ‘Folha’. La variedad de intervenciones y enmiendas indica un debate abierto respecto a los métodos más adecuados para enfrentar a las redes criminales, en un contexto de alta preocupación social por los índices de violencia y delitos asociados al crimen organizado.
El desarrollo legislativo de la iniciativa “Antifacciones” representa un punto de inflexión en la política criminal brasileña, al introducir nuevos conceptos legales y destacar la autonomía del Congreso respecto a las propuestas del Ejecutivo. La aplicación y los efectos de las nuevas normas dependerán de la revisión por parte del Senado y de la implementación futura por parte de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, según lo monitoreado por ‘Folha’ y las declaraciones de los principales actores políticos involucrados en el proceso.
