La inclusión de una disposición en el paquete de gastos que permitía a ciertos miembros republicanos del Senado demandar al Gobierno federal generó una controversia de último minuto entre los legisladores, según informó The Hill. Esta cláusula, relacionada con la posibilidad de pedir una compensación por la incautación de registros telefónicos en la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, estuvo a punto de obstaculizar la votación en la Cámara de Representantes. A raíz de las objeciones de varios representantes republicanos, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, anunció la pronta presentación de una ley independiente para eliminar esta disposición, cuya votación tendrá lugar la próxima semana. La noticia principal es la aprobación en la Cámara de Representantes del paquete de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más prolongado de la historia reciente de Estados Unidos.
The Hill detalló que la medida recibió 222 votos a favor y 209 en contra. Entre los apoyos se contaron seis representantes demócratas, mientras que dos republicanos se sumaron a la oposición, al considerar excesivo el gasto público incluido. Este paquete había superado ya el trámite en el Senado dos días antes con el respaldo de un grupo bipartidista formado por republicanos y ocho senadores demócratas, como informó el portal The Hill.
La ley aprobada permitirá el restablecimiento de fondos para sectores como defensa, agricultura y atención a veteranos, además de financiar el funcionamiento del poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. También prevé recursos para el resto de la administración federal hasta el 30 de enero del año próximo, según consignó The Hill. Uno de los puntos incluidos es la reincorporación de más de 4.000 empleados federales que perdieron sus empleos durante el cierre gubernamental.
El cierre del gobierno, que se prolongó durante 43 días, provocó la suspensión de fondos de programas vitales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), afectando a más de 40 millones de personas en el país. Además, la falta de recursos paralizó actividades clave, lo que condujo a la cancelación de miles de vuelos por la ausencia de controladores aéreos, detalló The Hill.
La parálisis fiscal federal había comenzado el 1 de octubre, cuando en el Senado no fue posible alcanzar un consenso en torno a una propuesta de financiamiento provisional. Los demócratas exigían la extensión de los subsidios federales para seguros médicos como condición para aprobar los fondos, lo que generó el punto muerto. Después de semanas de negociaciones, un sector de senadores demócratas de tendencia centrista pactó con los republicanos la reapertura del Gobierno, a cambio de que se vote en el futuro acerca de la continuidad de los subsidios. Algunas voces del partido demócrata criticaron este acuerdo, pidiendo la renuncia de Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado. Pese a las tensiones, Hakeem Jeffries, jefe de los demócratas en la Cámara de Representantes, respaldó la actuación de Schumer y defendió su permanencia en el cargo, tal como señaló The Hill.
El paquete, tras superar su último escollo en la Cámara de Representantes, pasará a la Casa Blanca para su promulgación. Donald Trump, mandatario en ejercicio, planea firmar la ley a las 21.45 hora local de este miércoles, equivalentes a las 3.45 del jueves en la España peninsular, informó The Hill.
De acuerdo con la información reportada, la aprobación de este paquete pone fin a un periodo de incertidumbre que afectó a millones de ciudadanos y a la prestación de servicios básicos a nivel nacional. El avance legislativo garantiza la reactivación inmediata de programas sociales y establece el retorno de los empleados públicos despedidos, sumando además recursos para áreas que incluyen infraestructura militar y proyectos en beneficio de los veteranos.
Según lo difundido por The Hill, el proceso de negociación del paquete dejó en claro las diferencias internas en ambos partidos principales, así como la presión existente sobre los líderes legislativos para alcanzar acuerdos en situaciones de crisis gubernamental.
