El conflicto por el los jueces federales trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que dominó el debate público en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández y concluyó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que mandó a concursar sus cargos, encontró ahora una “solución amistosa” en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde fueron a litigar los jueces afectados.
El gobierno de Javier Milei aceptó el procedimiento de solución amistosa, lo que en principio significa que admite que hubo una violación de la independencia judicial, con la pretensión de sacar de sus cargos a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que permanecerán entonces en sus juzgados.
El asunto implica además que esta solución abarca la pretensión de que el resto de los jueces trasladados permanezcan en sus cargos, sin necesidad de nuevos concursos, dijeron a LA NACION allegados a los magistrados y fuentes oficiales.
El procedimiento implica una especie de mediación de la CIDH, donde el Estado por un lado y los jueces que lo denunciaron, por el otro, llegan a una solución.
El 15 de abril de 2024 el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, informaron al Consejo de la Magistratura que en el caso de las denuncias de Bruglia, Bertuzzi y Castelli contra la República Argentina se había iniciado un proceso de solución amistosa.
Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, presidido por Horacio Rosatti, ya avanzó con los concursos para cubrir las vacantes de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Los tres jueces hicieron saber sus pretensiones ante la CIDH, que incluyen que se les reconozca la estabilidad en sus cargos y que esa situación se extienda a los 20 jueces cuyos traslados fueron cuestionados. Diez de esos traslados ocurrieron durante el gobierno de Mauricio Macri.
La CIDH, en dos ocasiones, le preguntó al Estado sobre la pretensión de los jueces, para así poder seguir avanzando en el procedimiento de solución amistosa. Pero el Estado no respondió aún, aparentemente por la complejidad técnica que tiene el caso.
“El procedimiento fue preliminarmente reconocido y aceptado por el Estado argentino y por los magistrados. En principio, significa que el Estado acepta que se habría violado su independencia”, dijeron fuentes ligadas a este proceso. En 2020, el kirchnerismo buscó desplazar a estos jueces −que le fallaban en contra− denunciando que habían sido puestos a dedo en tribunales estratégicos por el macrismo.
Ese año, el Consejo de la Magistratura revisó diez traslados de jueces federales y nacionales dispuestos por Macri. Pero puso la mira en los camaristas Bruglia y Bertuzzi, trasladados de un tribunal oral a la estratégica Cámara Federal, que decide sobre los casos de corrupción de funcionarios; y Castelli, juez trasladado de San Martín al Tribunal Oral Federal N°7 a cargo de la causa contra Cristina Kirchner por los “cuadernos de las coimas”.
Bruglia y Bertuzzi habían confirmado procesamientos contra Cristina en casos de corrupción. Y Castelli se preparaba para juzgarla.
Aunque los jueces cuyos traslados fueron cuestionados eran muchos más, el kirchnerismo avanzó contra estos tres jueces y en agosto de 2020, el Consejo, presidido entonces por Alberto Lugones, dictaminó que los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli no eran definitivos, sino provisorios. También, que necesitaban pasar nuevamente por el procedimiento constitucional completo: concurso, terna, propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado para ser confirmados.
Así, el entonces presidente Alberto Fernández envió sus pliegos al Senado que, presidido por Cristina Kirchner, rechazó los pliegos y los traslados, y declaró sus designaciones “sin efecto”, lo que desató el conflicto institucional.
El caso llegó a la Corte Suprema. En octubre de 2020, el procurador Eduardo Casal presentó dictámenes favorables a que Bruglia, Bertuzzi y Castelli permanezcan en sus cargos, bajo el argumento de que la revisión del Consejo de la Magistratura se basaba en normativas posteriores al traslado, y que el principio de irretroactividad protege los actos firmados bajo normas anteriores.
Pero el 3 de noviembre de 2020, la Corte Suprema resolvió que los traslados no podían considerarse designaciones definitivas y que los jueces sólo podían ejercer en forma provisoria hasta que se cubrieran los cargos mediante el procedimiento constitucional regular.
No obstante, los jueces no podían ser desplazados de inmediato, para evitar un daño institucional y garantizar el funcionamiento de los tribunales. Les permitieron permanecer en sus cargos hasta que se nombraran reemplazantes por concurso.
Los jueces quedaron en un limbo: arrancaron los concursos para la Cámara Federal (Bertuzzi se presentó a concursar por su cargo) y el concurso para el cargo de Castelli.
Siete meses después del fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura solo llamó a nuevos concursos para cubrir los lugares de Bruglia y Bertuzzi y el del juzgado federal con competencia electoral de Jujuy, donde el Frente de Todos buscaba poner un candidato propio en la provincia gobernada entonces por Gerardo Morales. Pero este concurso se frenó por la pandemia.
Esta situación hizo que Bruglia y Bertuzzi ampliaran su denuncia ante la CIDH para señalar que el Gobierno solo buscaba removerlos a ellos para vengarse, y no para sanear un problema constitucional.
Ante la CIDH, Bruglia, Bertuzzi y Castelli consideraron vulneradas la independencia judicial; el principio de inamovilidad del juez natural y el debido proceso institucional. Ahora, si el Estado avanza en esta solución amistosa, podría convalidar la designación de los jueces en esos cargos y hacer extensiva esta salida para el resto de los jueces trasladados, afectados por el fallo de la Corte. Cualquier solución puede colisionar con la decisión ya tomada por el máximo tribunal.
